La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado prisión para el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el resto del depuesto Govern por los delitos de rebelión, sedición y malversación. El exconseller de Empresa Santi Vila, que dimitió la víspera de la declaración de independencia, también ingresará en prisión pero solo hasta que haga efectiva la fianza de 50.000 euros que le ha sido impuesta, conforme solicitaba la fiscalía.. [Así le hemos contado hoy al minuto las últimas noticias sobre el desafío soberanista]

La magistrada entiende que hay un alto riesgo de reiteración delictiva, de destrucción de pruebas y de fuga, dado su elevado poder adquisitivo, que les permite abandonar el territorio nacional con facilidad y "subsistir en el extranjero". La jueza añade que "basta recordar" que hay querellados que lo han hecho, "eludiendo las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido", en referencia al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers que se encuentran en Bruselas.

La resolución recuerda que la rebelión puede alcanzar los 25 años de prisión, la sedición, los 10 y la malversación de caudales, los 8 o incluso los 10, si suman falseamiento de la contabilidad. La magistrada entiende que "cobra especial importancia el papel que todos los querellados protagonizaron desde sus cargos públicos, sin los cuales el proceso independentista no hubiera podido impulsarse".

Su acción "fue meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional".

Pese a que dos de los 'exconsellers', Jordi Turull y Joaquim Forn, accedieron a sus puestos el pasado 14 de julio, el auto de prisión señala que "multitud de actuaciones en el desarrollo del proceso independentista se llevaron a cabo desde esa fecha hasta el pasado 27 de octubre", cuando se declaró la independencia.

"Los querellados jugaron un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudieran desivarles de su última finalidad", afirma la resolución, que entiende que el Govern operaba "dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyado por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la Justicia". Insiste en que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural "han jugado un papel decisivo en el proceso soberanista".

También riesgo de reiteración y de pruebas

La jueza, que en su auto hace suyo el relato de la violencia intimidatoria reproducida por la fiscalía en su querella, también basa su decisión en el riesgo de reiteración delictiva que atribuye a los querellados. "Se aprecia también alta probabilidad de que puedan proceder a ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba, teniendo en cuenta los cargos que han ostentado hasta hace tan solo unos días en el Govern", afirma.

También ve "alto" la jueza el riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que las actividades delictivas" que desde el 9 de noviembre de 2015 hasta el pasado 27 de octubre "han venido planificando y realizando de forma consciente los querellados".

Cinco minutos ante la jueza

Las declaraciones en la Audiencia Nacional han ido muy rápido, al solo acceder a contestar a las preguntas de sus defensas y centrarse en términos políticos y no jurídicos. El único exconseller que sí ha contestado al fiscal y a la jueza ha sido Vila.

Aunque el primero en llegar a la Audiencia fue el exvicepresidente Oriol Junqueras, el primero en comparecer ante la magistrada fue Jordi Turull, exconseller de Presidencia y portavoz. Después lo hicieron, Josep Rull, Meritxell Borràs y Joaquin Forn. Todos ellos, que declararon unos cinco minutos, son los exconsellers que pertenecen al PDECat.

A continuación lo hizo Santi Vila, que fue el único que optó por una estrategia de defensa distinta y accedió a contestar a las preguntas del fiscal y de la jueza. Mientras sus predecesores comparecieron en el juzgado unos cinco minutos cada uno, él lo hizo durante 45. La distancia que el exconseller de Empresa marcó con su dimisión la víspera de la declaración de independencia se evidenció a su llegada. A diferencia del resto de exmiembros del Govern no fue aplaudido ni recibido al grito de "no esteu sols" a su llegada.

Después comparecieron los consellers de ERC, cuyo abogado es Andreu Van den Eynde, que también representa a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que debía comparecer en el tribunal Supremo, aunque la declaración ha sido suspendida finalmente hasta el próximo día 9.

Vídeoconferencia

Por su parte, el abogado Gonzalo Boye, que representa a dos de los 'exconsellers' que se encuentran en Bruselas con el 'expresident' Carles Puigdemont han solicitado formalmente que se les tome declaración por videoconferencia. Se trata de Meritxell Serret (Agricultura) y Toni Comín (Salud). También lo ha solicitado el propio Puigdemont.

En el escrito se niega que exista delito y la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la rebelión o la sedición.