La jueza instructora del caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía recupera la parte de la causa referida a los aforados autonómicos, dado que los exconsejeros regionales han perdido dicha condición tras no ser diputados en el nuevo parlamento andaluz. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha remitido al juzgado de instrucción 6 de Sevilla la parte de la causa referida a estos exaltos cargos del Gobierno, al entender, además, que no hay motivos para un sobreseimiento. El alto tribunal reitera de nuevo la petición a la jueza para que divida la causa en varias partes y agilizar su tramitación.

Según han informado este lunes fuentes judiciales, la devolución de la causa a Alaya era el paso lógico por cuanto que los exconsejeros Carmen Martinez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio y Francisco Vallejo no repetían como diputados autonómicos y su condición como miembros en la Diputación permanente terminaba al constituirse la nueva Cámara, que tuvo lugar el pasado día 16 de abril. De esta forma, la jueza podrá volver a llamar a todos ellos para que declaren en su juzgado o ratifiquen la comparecencia ya realizada en la sede del TSJA.

No obstante, la sala entiende que no procede un sobreseimiento de la causa, como pedían los afectados, porque todavía queda "un no insignificante recorrido" del caso tanto en el Tribunal Supremo --donde se instruye la parte referida a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por ser aforados en las Cortes-- como en el propio juzgado 6 de instrucción. Parecería pues "irrazonable", señala el TSJA, quien matiza además que el juez instructor "no ha podido alcanzar una convicción suficiente" como para archivar el caso o para mantener la inculpación de los encausados.

En este sentido, alega que no se ha dispuesto de tiempo suficiente para una "lectura exhaustiva" y analítica de todo el sumario para comprobar si las diligencias practicadas o los testimonios recogidos arrojan algo de luz sobre el conocimiento o la falta de actuación de los aforados en la implantación de un sistema de pago de las ayudas a empresas en crisis, las transferencias de financiación, que permitía eludir los controles de fiscalización.

El auto del TSJA resume la declaración de los tres exconsejeros, que negaron la existencia de "una decisión política […] para crear un espacio de arbitrariedad", sino que se produjo un abuso en la aplicación de las mismas. Si acaso, según apuntó Vallejo, pudo haber una voluntad para un mecanismo para implantar un sistema de pago ágil y rápido para favorecer los acuerdos de las mesas de negociación entre trabajadores y administración.

Por último, el tribunal vuelve a manifestar que es "sumamente razonable y conveniente" dividir la macrocausa de los ERE en piezas separadas con autonomía para agilizar la causa. Como ya ha apuntado el fiscal, la propuesta de división sería en una pieza sobre la implantación del procedimiento de pago de las ayudas (la parte más política de la trama), otras con cada una de estas ayudas concedidas y una última con el pago de sobrecomisiones a sindicatos, bufetes de abogados externos y mediadoras.