Sorpresa en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía. La jueza instructora Mercedes Alaya, convertida en la peor pesadilla del PSOE andaluz, ha obtenido la plaza que solicitó en concurso en la Audiencia de Sevilla, por lo que podría abandonar la investigación del mayor escándalo de corrupción en Andalucía en las próximas semanas. No obstante, todo indica que continuará al menos unos meses más en su puesto para terminar de encarrilar la causa.

Según han confirmado fuentes judiciales, el Consejo General del Poder Judicial ha dictado una resolución provisional donde se le adjudica la plaza al tener más antigüedad que el resto de aspirantes, puesto que lleva en los juzgados desde 1998. Se trata de una decisión no oficial aún, dado que el concurso no se resolverá hasta febrero o incluso marzo. Poco después se sacaría a concurso la plaza del juzgado de instrucción 6 que deja vacante Alaya.

Las fuentes señalan que la juez podría o bien solicitar una comisión de servicio o, como ocurrió con el caso del accidente del Alvia en Santiago de Compostela, pedir un aplazamiento en su traslado hasta terminar la instrucción. La situación se analizará detalladamente tras oír también a la jueza y su intención respecto al tema. Y es que Alaya tiene pendientes varias macrocausas de gran repercusión, como los delitos societarios en el Betis y en Mercasevilla o el fraude de los cursos de formación.

SIGUE LA INSTRUCCIÓN

Mientras ese momento llega, y a punto de que se anuncie el adelanto electoral en Andalucía, la jueza continua avanzando en la instrucción del caso de los ERE fraudulentos, que pone en la picota la gestión institucional del PSOE durante las últimas décadas. Este mismo viernes ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la exposición razonada con los indicios que acumula contra cuatro exconsejeros autonómicos que gozan de la condición de aforados al ser todavía diputados autonómicos. Desde el TJSA han confirmado que están a la espera de recibir la documentación. Se trata de Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio, responsables de las áreas de Hacienda, Innovación, Empleo o Economía durante los últimos años.

Todos ellos tienen ahora mismo un escaño en el Parlamento autonómico, por lo que de convocarse elecciones regionales y no estar en las listas de nuevo podrían perder el fuero y quedar a disposición de la jueza Alaya. En este sentido, desde el TJSA han confirmado que una vez recibida la exposición razonada, el tribunal tiene que pronunciarse acerca de si la acepta a trámite, y en su caso, designar un instructor, analizarla y decidir si hay motivos para citar a declarar a los exconsejeros. Se trata de un trámite que podría prorrogarse durante semanas, y alcanzar incluso al nuevo Parlamento autonómico que se conforme después del adelanto electoral. Sería entonces cuando el TSJA acudiría al Parlamento para que les certifiquen si mantienen esa condición de aforado o no.

Sin embargo, unas extrañas maniobras del PSOE han levantado las sospechas a este respecto. Y es que en el pleno extraordinario del próximo lunes, además de temas de sanidad se abordará la renovación de varios puestos socialistas en Diputación Permanente, el órgano que ejerce las funciones de la Cámara mientras están cerradas las sesiones y cuyos integrantes, por tanto, disfrutan por tanto de aforamiento. El grupo socialista ha dado a conocer quiénes son los sustituidos, pero no el nombre de los sustitutos, lo que hace sospechar que se propondría la inclusión de los exconsejeros autonómicos, para que de esta forma, no pierdan su protección ante el alto tribunal andaluz y pudieran ser llamados a declarar por Alaya en pleno periodo electoral.