Por si no era ya complicada la situación para el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, aferrado al cargo pese a su imputación en el caso Auditorio, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco elevó ayer una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia para que le investigue por los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada por los indicios que pesan sobre él en el caso Púnica. Ya se preveía que el magistrado iba a dar este paso, pero que lo haga justo dos días antes de que comience el debate de la moción de censura presentada por el PSOE para desbancarle complica mucho su situación, según admiten en privado en el Partido Popular. C’s tiene ahora, temen los populares, más argumentos para justificar su alianza con los socialistas para apartar a Sánchez, aunque su posible socio se niegue a un adelanto electoral en seis meses, como exige el partido naranja.

En su exposición razonada, el magistrado detalla cómo el aforado -de ahí la remisión al Tribunal Superior de Justicia- se concertó con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para limpiar con dinero público su imagen en las redes sociales cara a las elecciones en Murcia, «lastimando los intereses de la Administración, que no debe correr con semejantes gastos particulares», según detalla el auto.

LA ACTUACIÓN / El juez utiliza jurisprudencia del Supremo para argumentar por qué se debe actuar contra el presidente murciano, aunque no llegara a firmar ningún contrato por la detención de De Pedro al estallar Púnica. Entre ella, cita una sentencia de la que fue ponente el actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza, cuando era magistrado del Supremo, en relación con la revelación de información reservada.

Velasco explica que en junio del 2014 Sánchez, que era el consejero de Educación, acordó con De Pedro limpiar la inconveniente imagen que podría dar ante el partido y la sociedad dada la cantidad de investigaciones penales a las que había y estaba siendo sometido por su actuación pública.

Según el juez, no lo sufragó con su dinero particular, ni lo hizo a cargo de su gabinete de prensa, pues no está entre sus labores condicionar la imagen privada de la persona, y él era consciente, por lo que decidió recurrir a empleados de las empresas de De Pedro Eico y Madiva. Los trabajos, valorados en 4.600 euros al mes durante siete meses, se iban a incluir como adelanto de una futura adjudicación hinchada en contratos públicos de formación que se otorgarían a empresas vinculadas a De Pedro y a su socio, el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa.

Justo después de conocerse la resolución judicial, el PP evitó mostrar un apoyo explícito a Sánchez. Tras la reunión de un comité ejecutivo al que acudieron todos los barones elegidos en los recientes congresos salvo el murciano, el portavoz conservador, Pablo Casado, admitió que su partido irá «paso a paso» a la hora de tomar decisiones en el caso de que C’s apoye la moción. Fuentes populares no descartan que Mariano Rajoy eleve la presión para que Sánchez dé un paso atrás si ve en peligro el gobierno regional, aunque el PP murciano presiona para que no abra la puerta a una injusticia.

C’s reiteró que Sánchez debe dimitir, pero su portavoz, Inés Arrimadas, seguía ayer sin aclarar si apoyarán o no la moción del PSOE, insistiendo en que el PP tenía aún tiempo para nombrar a otro candidato antesde la moción de mañana.