Un máximo de 20 minutos es lo que han necesitado el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de 'exconsellers' para defender ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena su puesta en libertad. No les hacía falta más, porque han repetido los puntos básicos de sus escritos para pedir su excarcelación: que acatan el 155 por imperativo legal, aunque no comparten cómo se aplicó.

Aunque para saber si su estrategia ha tenido éxito tendrán que esperar, porque al comenzar las comparecencias el magistrado advirtió a las partes de que no resolverá antes del lunes, según fuentes presentes en las vistas. Una decisión que sorprendió a las defensas, porque tenían el dinero preparado, por si el magistrado les imponía fianzas, y los familiares venía hacia Madrid en minibuses para desplazarse luego a las cárceles donde están presos, Estremera, Soto del Real y Alcalá Meco.

La Fiscalía del Tribunal Supremo, de su lado, ha pedido que los ocho exconsellers y los dos líderes de las entidades soberanistas en prisión provisional sigan en la cárcel a pesar de que han acatado ante el magistrado la Constitución y la aplicación del artículo 155.

Junqueras y Raül Romeva decidieron no contestar a las preguntas de los fiscales Consuelo Madrigal y Jaime Moreno ni de la acusación popular Vox, aunque al consignarlas terminaron haciéndolo de algún modo. Según fuentes jurídicas, no descartaron volver a utilizar vías unilaterales con esas palabras, pero sí se mostraron conformes a ceñirse a los cauces constitucionales.

Los también 'exconsellers' de ERC Carles Mundó y Dolors Bassa sí respondieron a bastantes de las preguntas que se les formularon. En cambio los 'exconselleres' Meritxell Borràs y Joaquim Forn, del PDECat, decidieron contestar a todas las que se les han hecho. Ella había solicitado la comparecencia para poder declarar. Josep Rull decidió no responder a la acusación que ejerce Vox.

Según las fuentes consultadas, todos los exconsejeros se ciñeron a las alegaciones que habían planteado en los escritos en los que solicitaban su citación ante el Supremo. Los de ERC manifestaron que no renuncian a sus convicciones políticas y especificaron que concurrirán en las próximas elecciones del 21-D. Sostuvieron que tienen que quedar en libertad para poder participar en igualdad de condiciones con otros candidatos.

CON ABOGADOS FUERA

A las comparecencias no han podido asistir ni los abogados de la miembro de la Mesa Parlament Ramona Barrufet ni el 'exconseller' de la Presidència Francesc Homs han podido acceder a las declaraciones. Homs quería asistir en su condición de abogado, como coordinador de la defensa de los exmiembros del Govern del PDECat, pero al no constar como tal en las actuaciones no se le ha permitido acceder a la sala de vistas.

Pese a que los primeros estaban también citados con la providencia en la que Llarena fijó la comparecencia para revisar la situación de prisión del Govern cesado y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el exrresponsable de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y actual número dos de Junts pel Catalunya, Jordi Sànchez.

Sin embargo, no se les dejó acceder, al entender que la citación no les afectaba, al tratarse solo de alegaciones relativas a la situación en prisión del encarcelamiento, por lo que presentarán un escrito de protesta.

Tampoco se ha dejado a acceder a la defensa de Toni Comín y Meritxell Serret, ambos huidos en Bélgica, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, ya que no está personado en el procedimiento.