El juez de Barcelona que investiga las cargas policiales del 1-O ha archivado una 51de denuncias presentadas contra la Policía Nacional por su intervención en seis escuelas de la capital catalana. Fuentes jurídica han asegurado que el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, que centraliza las pesquisas por el operativo policial, ha sobreseído 31 casos al entender que la actuación de los agentes fue "proporcional" y el resto ante la imposibilidad de identificar a los policías que participaron, ya que no existe material gráfico de las cargas o es insuficiente para averiguar quiénes fueron.

Este juez, que la semana pasada citó a declarar a los dos primeros agentes de la Policía Nacional investigados por las cargas, tiene en sus manos más de 200 denuncias presentadas por afectados por la intervención policial en colegios y otros centros de votación de Barcelona el 1-O. Ahora, ha archivado las denuncias en las escuelas CEIP Aiguamarina, IES Joan Boscà, IES Víctor Català, CEIP Estel, Escola de Joves Trinitat Vella y CEIP Prosperitat.

Comunicación sobre 17 escuelas

Asimismo, la Policía Nacional ha remitido un informe al juez en el que anuncia que ha podido identificar a los agentes que participaron en 17 escuelas de Barcelona que acogieron las urnas del 1-O, gracias al análisis de sus comunicaciones internas. En concreto, el informe detalla los equipos operativos desplegados en las escuelas Jaume Balmes, Joan Fuster, Guinardó, Aiguamarina, Víctor Català, Mare Nostrum, Projecte, Escoles Pias de Sant Antoni, Ágora, Trinitat Jove, Joan Boscà, Mas Casanovas, Dolors Monserdà, Pau Romeva, Infant Jesús y en la sede del Departamento de Enseñanza.

Ante este archivo, el teniente de alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, ha denunciado la falta de colaboración de la Secretaria de Estado de Seguridad en la aportación de las pruebas propuestas por el Ayuntamiento de Barcelona y acordadas por el juzgado. Por ejemplo, ha presentado audios editados o en mal estado, o la falta de identificación de los agentes que, a su entender, realizaron actuaciones antirreglamentarias. Desde el colecitvo Iridia, que representa a algunos de los afectados, consideran que deben determinarse las ordenes que se dieron ese día y por parte de quién.