La Guardia Civil y la Policía Nacional no ha encontrado una buena bienvenida en algunos municipios de Cataluña y más después de lo ocurrido el domingo, cuando intentaron evitar empleando la fuerza, que se produjera la votación suspendida por el Tribunal Constitucional. Y de algunos localidades han sido expulsados. La Fiscalía de Barcelona ha abierto ya una investigación por si pudieran estar implicados en los hechos los responsables municipales de las poblaciones dónde se han producido estos episodios, especialmente en Calella y Pineda de Mar. La fiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldi, ha encargado las pesquisas al fiscal especial de delitos de odio Miguel Ángel Aguilar, que ya ha solicitado a la unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía que recabe información.
La fiscalía ha decidido actuar en relación con estos hechos a partir de informaciones en las que se daba cuenta de la expulsión de los agentes y, en concreto, del documento atribuido en las redes sociales al gerente del hotel Checquin y que fue enviado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En él se dice: "Debido a una reunión que hemos tenido con responsables del ayuntamiento de Pineda de Mar, nos vemos obligados bajo amenaza de cerrarnos los hoteles durante cinco años, a desalojar el contingente de policías nacionales de nuestros hoteles".
En las diligencias se recabará información para determinar si los hechos son constitutivos de delitos de odio, amenazas y coacciones a los propietarios de los hoteles para lograr que obliguen a abandonar sus instalaciones a los agentes de la Guardia Civil y la Policía que tenían alojados.
El caso más paradigmático de esta situación ha sido el de Calella donde 100 agentes de la Guardia Civil han sido expulsados del municipio. Los vecinos denuncian que algunos de ellos cargaron contra los vecinos que se manifestaban bajo las ventanas del hotel por la represión sufrida el domingo. En Pineda de Mar, la reacción de los agentes ante la protesta que se organizaba en las puertas del establecimiento fue la de pedir que les dejaran actuar. Fuentes fiscales también tienen información de otras localidades, como Figueres y Reus.
Cinco años cerrado
La vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, calificó de "comportamiento mafioso" la amenaza realizada al hotel Checkin Mont-Palau y Checkin Pineda, donde se alojaban los policías en Pineda de Mar, y anunció que "no se va a tolerar".
Tras la polvareda levantada con el mensaje del hotel, el Ayuntamiento de Pineda de Mar, gobernado por el PSC, y el establecimiento hicieron público este martes un comunicado para negar que hubiera habido algún tipo de amenaza.
El comunicado destaca el comportamiento "ejemplar" que han tenido durante toda su estancia en el hotel los agentes, cuya salida estaba prevista para el próximo día 5 y añaden que después de los "hechos ocurridos el pasado día 1", la dirección del establecimiento conjuntamente con el gobierno municipal plantearon la posibilidad de adelantar la salida por "razones de seguridad" y para "garantizar la convivencia en el municipio".
La Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, han denuncado en la mañana de este martes ante la Fiscalía General del Estado a los Mossos por no cumplir la ley el 1-0 y por la expulsión de compañeros de hoteles, mientras que la Unión de Oficial prevé también presentar otra denuncia por estos desalojos.
