El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó ayer que habrá acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco, pero que siempre serán «legales» e individualizados, con un estudio previo de cada caso y comunicado con anterioridad a las víctimas.

Así lo manifestó Grande-Marlaska en la comisión de Interior del Congreso, donde compareció a petición propia y del PP para, entre otros asuntos, explicar la política penitenciaria del Gobierno después de que este verano se haya acercado hasta la cárcel de Basauri (Vizcaya) a dos presos etarras arrepentidos que cumplían condena en Asturias. Se trata de Olga Sanz y Javier Moreno, que habían accedido recientemente al tercer grado y que ya en el 2016 fueron trasladados desde centros penitenciarios de Madrid hasta la cárcel asturiana de Villabona, «y nadie dijo nada», según resaltó el ministro.

Ambos reclusos se habían acogido a la denominada vía Nanclares y habían mostrado arrepentimiento, además de haber progresado de grado, dos de los requisitos que, junto con otros -como su participación en programas de reinserción-, podrán tenerse en cuenta en cada estudio individualizado de los reclusos susceptibles de aproximación.

Grande-Marlaska cifró en 233 los presos de ETA recluidos en cárceles españolas -205 hombres y 28 mujeres-, de los que 203 están clasificados en primer grado (los más peligrosos), 28 en segundo grado u ordinario y dos (los trasladados) en tercer grado o régimen abierto. Serán criterios «objetivos» los que se tendrán en cuenta para cualquier acercamiento. «Se está trabajando con los profesionales con tranquilidad, de forma individualizada y cumpliendo con la ley», zanjó el titular de Interior.

A lo largo de su intervención, el ministro instó al PP a que no «inyecte odio» a través de «falacias» sobre la política penitenciaria del Ejecutivo y a que no se hagan «críticas falsas» ni «se mienta» sobre el traslado de presos. «Mi compromiso con las víctimas es férreo. Habrá traslados, pero con criterios de legalidad, individuales y necesarios», garantizó.

Grande-Marlaska reconoció que la política de dispersión fue «exitosa» en la lucha contra ETA, pero recordó que ya los dirigentes del PP vasco y el propio exministro Jorge Fernández Díaz apostaron por revisarla, una vez que la banda declaró el cese de la violencia.

El ministro, que hizo hincapié en que el acercamiento no es un beneficio penitenciario, salió al paso de las manifestaciones de algunos grupos al recordarle un auto del 2015, cuando él todavía ejercía de juez, en el que se oponía a esa medida, y alegó que en ese momento, ETA no estaba disuelta.

CESIÓN A LOS NACIONALISTAS / Desde la oposición, Marimar Blanco, del PP, atribuyó la decisión de acercar presos a los acuerdos con los partidos vascos para la investidura de Pedro Sánchez y pidió al ministro que aclare la posición del Gobierno socialista. Según la diputada, mientras el jefe del Ejecutivo habla de acercamiento colectivo, Marlaska alega estudios individualizados para llevarlos a cabo. «El Estado de derecho no le debe absolutamente nada a ETA», enfatizó Blanco, en una afirmación que compartió el ministro.

También crítico con el Gobierno fue Miguel Gutiérrez, de Cs, que consideró que con el acercamiento de presos el Gobierno paga «alguna deuda» y cede a los «peajes de los nacionalistas y los bilduetarras», porque en política «nada es gratis». Por el PSOE, David Serrada defendió la postura de Marlaska y acusó al PP de usar el terrorismo como «arma arrojadiza», en tanto que Rafael Mayoral, de Podemos, leyó unas declaraciones de una víctima de ETA, Roberto Manrique, para censurar que se utilice el dolor de ese colectivo para fines políticos.