No fue en un informe, sino en dos en los que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil plasmó sus sospechas sobre la presunta participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid,Cristina Cifuentes, en la financiación irregular del PP madrileño investigada en el 'caso Púnica'. Los indicios en los que se basaron los agentes no fueron considerados suficientes por el juez Eloy Velasco para imputarla. El episodio se habría quedado ahí, si no fuera porque ha dado lugar a que el Gobierno cambie su habitual defensa a ultranza de la Guardia Civil por una crítica a sus investigaciones, tildadas de "especulaciones" o "coincidencias" que carecen de "solidez".

Primero fue la aludida, Cifuentes, quien sostuvo que el informe que la vincula con la concesión del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández, tras su aportación de 160.000 euros a la fundación del partido Fundescam, está "repleto de juicios de valor" y tiene la intención "de hacer daño y sembrar la sospecha". Este viernes fue el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, quien aseguró que el caso contra Cifuentes "duró 24 horas", porque el juez vio que el informe contenía "especulaciones".

Méndez de Vigo salió al quite a la pregunta sobre la financiación del PP en las campañas autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008, que detalla el sumario, cuestionando unos informes que hasta ahora contaban con un respeto unánime para combatir la corrupción. A esas palabras se suman las del ministro del Interior, José Ignacio Zoido, que en una entrevista el jueves en 13TV llegó a decir que la Guardia Civil "en ocasiones acierta con sus informes y en otras no".

DETERMINAR SI HAY DELITO

El cambio de tendencia no ha pasado inadvertido para las asociaciones de la Guardia Civil. Tanto la AUGC como la Unión de Oficiales no cuestionan que corresponde a jueces y fiscales determinar si hay delito o no, pero la última apunta a que si no tuvieran sospechas de que se ha cometido uno no investigarían.

La AUGC no duda en mostrar su preocupación "por una vía judicial cada vez más politizada cuando la corrupción afecta al partido en el Gobierno", por eso reclaman "neutralidad y respeto" ante una actuación que responde a "muchas horas de trabajo" y "jerarquizada" en la que cada informe pasa por numerosos filtros. La Unión de Oficiales, por su parte, enmarca las críticas en "valoraciones políticas que no dejan de ser de parte" y sostiene que la UCO solo "intenta obtener datos objetivos y ponerlos a disposición del juez".