El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado este miércoles que el Gobierno considera que el número de aforados existente en España (supera los 10.000 casos, incluyendo políticos, fuerzas y cuerpos de seguridad y jueces) es "demasiado alto". Sin embargo, ha rechazado comenzar a reducir el alto número de personas que, por su condición, sólo pueden ser enjuiciadas por el Tribunal Supremo, por la clase política, como le ha pedido hoy UPD en una interpelación en el Congreso.
Catalá ha alegado que modificar la condición de aforados de los integrantes del Ejecutivo, diputados y senadores requiere una reforma de la Constitución que carece "de consenso". De ahí que haya mostrado "sus dudas" a este respecto y haya optado por "empezar a trabajar" y estudiar con la oposición la supresión de esta figura en otros colectivos, como por ejemplo los jueces de paz.
El ministro ha rechazado, no obstante, que se asocie el aforamiento a "impunidad", "corrupción" o "privilegio". En su opinión que a determinadas personas los juzgue exclusivamente un tribunal colegiado como el Supremo supone todo lo contrario: un mayor "control y supervisión".
Previamente, la líder de UPD, le ha pedido que acabe con "la anormalía democrática del aforamiento". Rosa Díez ha exigido al Gobierno que "empiece por dar ejemplo" y acabe en primer lugar con el "privilegio" del que gozan los políticos, para luego continuar con la reducción del aforamiento para el resto de colectivos.
