La decisión del juez Baltasar Garzón de remitir el caso del franquismo a los jueces territoriales ha dividido al poder judicial, a las víctimas y a los partidos. Los presidentes de los tribunales superiores de justicia han predicho que será muy difícil continuar con la investigación de este caso. Sin embargo, fuentes de la Audiencia Nacional ya han adelantado que los jueces encargados de controlar las exhumaciones de las fosas comunes de la guerra civil sabrán a qué atenerse, ya que el pleno de la sala penal dictará una resolución que aclarará el camino a seguir.

Las víctimas, por su parte, cargaron contra la actuación del fiscal Javier Zaragoza por haber atacado la instrucción. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, calificó la actitud de Zaragoza de "inquisitorial y perjudicial para las familias". Las asociaciones seguirán insistiendo ante los tribunales para conseguir las exhumaciones de los restos.

AYUDA DEL GOBIERNO El Gobierno deslindó ayer la causa judicial en la que se investigaban las desapariciones durante la guerra civil y el franquismo de la iniciativa de los familiares para recuperar los restos de sus allegados y se comprometió a facilitarles todos los medios que necesiten. "Cuando acaba una investigación, acaba", señaló el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que destacó que la acción judicial nada tiene que ver con la del Ejecutivo y que éste trabajará "por dar buen fin a todo aquel que está intentando rescatar a sus familiares en las fosas" y que quiere "un enterramiento como debe ser".

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa, dijo que los titulares de los juzgados territoriales se van a encontrar con el mismo problema con el que se ha topado Garzón, el de que no hay contra quien dirigir la acción penal.

En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente del TSJ de Castilla y León, César Tolosa, que afirmó que sin responsables vivos "ya sabíamos que no era el proceso penal el medio más indicado para llevar a cabo una investigación de esta naturaleza, que quizá debe de ventilarse en el ámbito político o en el ámbito administrativo, pero nunca en el ámbito judicial".