El Gobierno ha decidido poner en marcha este año el mecanismo presupuestario para solventar la financiación necesaria de las pensiones. Según los Presupuestos Generales del 2017, el Estado hará un préstamo máximo de 10.192 millones para cumplir con el pago de las retribuciones a los pensionistas. "Dada la situación financiera de la Seguridad Social", el Estado aborda en el Presupuesto 2017 "la necesidad de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones mediante la dotación de un préstamo, por importe de 10.192 millones de euros", se explica en el libro amarillo (resumen) de los Presupuestos.

Esa partida se ha diseñado "con el objeto de atender, exclusivamente, las insuficiencias de financiación de las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión". Así, la Seguridad Social aplicará el régimen excepcional de disposición de activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en virtud del cual no resultará de aplicación el límite del 3%.

El gasto previsto por los Presupuestos Generales del Estado del 2017 para la política de pensiones asciende a 139.647 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,1% respecto al 2016. Para pensiones contributivas de la Seguridad Social, en términos económicos, se destinan 122.777 millones de euros, que supone un crecimiento del 3,2%. En este importe se ha tenido en cuenta el incremento del colectivo de pensionistas, la variación de la pensión media y una revalorización del 0,25%.

El pago de las pensiones se llevará 40,7 euros de cada cien de los presupuestos generales del Estado consolidados para 2017, frente a los 38,5 euros que recogían las cuentas de 2016.

De acuerdo con el proyecto, presentado hoy en el Congreso, el pago de los intereses de la deuda pública se quedará con 9,4 euros de cada cien, frente a los 9,5 euros de 2016.

Dentro del gasto social, que se queda con 55,8 euros de cada cien (frente a los 53,5 euros del año pasado), destaca -además de las pensiones- la partida que se destinará al desempleo, que recibirá este año 5,3 euros de cada cien (5,6 euros en 2016).

Además, otras prestaciones económicas se llevarán 3,9 euros (frente a 3,3 euros en 2016); los servicios sociales, 0,7 euros (0,6 euros); el fomento del empleo, 1,6 euros (1,5 euros); el acceso a la vivienda, 0,1 euros (0,2 euros); y la administración de la seguridad social, 1,2 euros (1,7 euros).

También dentro del gasto social y como parte de los servicios públicos de carácter preferente, la sanidad recibirá 1,2 euros de cada cien (frente a 1,1 euros de 2016); la educación, 0,7 euros, y la cultura, 0,2 euros (las mismas cuantías que el año pasado).

Los considerados servicios públicos básicos, que incluyen la seguridad ciudadana, la defensa, la justicia y la política exterior, se quedarán con 4,9 euros de cada cien (cuando en las cuentas de 2016 se quedaban con 4,8 euros).

Dentro de las actuaciones de carácter económico, la agricultura, pesca y alimentación recibirán 2,2 euros de cada cien (frente a los 2,1 euros de 2016); la industria y energía, 1,6 euros (la misma cantidad); el comercio, turismo y pyme, 0,3 euros (también lo mismo); las subvenciones al transporte, 0,4 euros (la misma cifra); las infraestructuras, 1,6 euros (1,7 euros); y la I+D+i, 1,8 euros (1,6 euros).