El Gobierno salió este miércoles a cerrar filas ante los numerosos episodios del 'caso Lezo' que están sembrando sospechas en los departamentos de Justicia, Interior y la fiscalía. De una u otra manera, desde Mariano Rajoy y sus ministros hasta el último diputado del PP defendieron la actuación de los miembros del Ejecutivo y la "independencia" del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix.
Las filtraciones a los medios de comunicación gracias a las que se ha sabido que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, le dijo en un mensaje a Ignacio González que confía en que se cierren pronto "los líos"; la reunión del número dos de Interior, José Antonio Nieto, con Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, y la polémica en Anticorrupción por discrepancias entre los fiscales que llevan el 'caso Lezo' y Moix son episodios que han puesto en guardia al Ejecutivo central.
Rajoy no había hablado aún del asunto en sede parlamentaria. A preguntas del PSOE y Podemos, el líder del PP se limitó a decir que si esos casos que afectan a su partido afloran ahora es porque el Gobierno ha lanzado una lucha sin cuartel contra la corrupción. De Moix, al que calificó de "profesional de amplia y exitosa trayectoria", el jefe del Ejecutivo aseguró que trabaja "con total independencia y personalidad". "Funciona muy bien", añadió.
REPROBACIÓN DE CATALÁ
A la defensa protagonizada por el presidente en la sesión de control, se sumó pocos minutos después Catalá, cuya dimisión fue solicitada por el PSOE, que anunció que si no lo hace lo reprobará. El ministro, que recordó que cuenta con "la confianza del presidente", defendió su actuación y la de Moix, y acusó a la oposición de dar pábulo a "insidias".
Por la tarde, ya en la comparecencia de la comisión de Justicia, cambió las "insidias" por "humo", "juego de confusiones" o "alarmas innecesarias" que producen "el desprestigio de las instituciones" para referirse a lo vivido desde el nombramiento de Moix al frente de la fiscalía especial. Tanto él como el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que también acudió a la comisión, coincidieron en apelar "a los hechos" para tratar de negar las sospechas suscitadas sobre supuestas injerencias del Gobierno en la fiscalía, en general, y en concreto, en Anticorrupción.
Mientras Maza optó por realizar una defensa a ultranza del fiscal jefe Anticorrupción, el ministro se centró en esgrimir las reformas realizadas para facilitar el trabajo a los fiscales y "la autonomía fiscal".
EL BUFETE DE MONTORO
Maza apoyó su argumentación en las últimas actuaciones del ministerio público contra el PP, como la querella presentada contra el bufete de abogados que fundó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, o la propia operación Lezo y negó relevancia a que en las grabaciones del caso se oiga al expresidente madrileño felicitarse por el futuro nombramiento de Moix al frente de Anticorrupción.
Además, dejó caer que también mencionaron a otros candidatos, pero eso no ha trascendido, ya que solo se conocen parte de esas grabaciones. Sostuvo que el comentario obedece a que Moix y González se conocían profesionalmente, por haber sido fiscal superior de Madrid.
"¿Creen que si yo hubiera entendido que fueron otra cosa me hubiera arriesgado a nombrarle? Hubiéramos buscado otra salida", aseguró el fiscal general, que admitió que la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, le informó de la existencia de la conversación antes de la designación y que mostró sorpresa cuando días más tarde también le informó de ello la Unión Progresista de Fiscales, pero no por desconocimiento, sino porque la asociación también conociera unas conversaciones secretas.
ACTUAR CONTRA LOS MEDIOS
Según el fiscal general, las informaciones sobre la actuación de Anticorrupción desde que Moix fue designado son "un problema estructural", en el que "se confunde por algunos el control de la legalidad de la fiscalía con la injerencia constante a quien tiene alguna responsabilidad", lo que les impide hacer su trabajo.
Como, a su juicio, gran parte de la responsabilidad de eso lo tienen las filtraciones del sumario, pidió "herramientas" para luchar contra ellas, porque no contribuyen a informar a los ciudadanos, sino que ayudan "a los investigados", porque son informaciones "interesadas".
Precisamente amparándose en el argumento del secreto del sumario, gran parte de las críticas que vertieron contra ellos los portavoces parlamentarios, como las preguntas sobre los mensajes de móvil entre Catalá y el propio González, no tuvieron respuesta.
