Los parados de entre 25 y 29 años también podrán acogerse a las medidas del plan de garantía juvenil de lucha contra el desempleo, según comunicó ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a los representantes de las comunidades autónomas al final de la reunión de la conferencia sectorial que dio el vistió bueno al reparto de los fondos de las políticas activas de empleo. La medida durará hasta que el paro en este colectivo baje del 20%.
Este plan, financiado por el Fondo Social Europeo, va dirigido a los jóvenes, hasta ahora menores de 25 años, y está bonificados con 300 euros durante seis meses en la cuota empresarial a la Seguridad Social en caso de que el contrato sea indefinido y con el 100% de la cuota en los contratos formativos. Para acceder a la contratación los jóvenes tienen que estar inscritos en un registro del Ministerio de Empleo.
El Consejo Europeo de abril del 2013 aprobó esta medida pero limitada a los menores de 25 años. Con posterioridad, el reglamento del fondo dio a los estados miembros la posibilidad de ampliarlo hasta los 29 años.
Aunque en España las tasas más altas de desempleo juvenil se concentran en el colectivo de menores de 25 años, el Gobierno justifica la medida en que el grupo hasta los 29 años mantiene un elevado desempleo, de entorno al 29,7%.
SIN APOYO SINDICAL
Los sindicatos UGT y CCOO han denunciado que el Gobierno no ha debatido con los agentes sociales la idoneidad de esta medida, sino que se ha limitado a comunicársela, como hizo hace dos años con el Plan.
Las centrales no se oponen a la media en sí ya que fue una propuesta que plantearon hace tiempo y que "fue desoída en su momento por el Gobierno". Sin embargo, denuncian que el ministerio no les ha comunicado cómo se va a financiar la ampliación de la edad de los beneficiarios ni los datos exactos de cómo ha sido su aplicación hasta el momento.
La decisión de Báñez trata, según UGT y CCOO, de "ocultar el rotundo fracaso" que la garantía juvenil para el empleo está teniendo en España ya que en marzo solo cubría al 7,2% de los menores de 25 años que potencialmente podía acogerse a la medida.
