El Gobierno advirtió repetidamente en la reunión de la junta de seguridad de Catalunya de que de abrirse los colegios electorales el 1-O habría cargas policiales por lo que demandó hasta el último momento la desconvocatoria del referéndum ilegal "para evitar posibles altercados de orden público".
Según desvela la Cadena SER, que ha tenido acceso al acta de la sesión extraordinaria de la Junta de Seguridad de Catalunya que se celebró el día 28 de septiembre, dos días antes de la celebración del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, el Govern acudió a la reunión con la intención de celebrar el referéndum a pesar de tener constancia de que si no se cerraban los colegios la policía actuaría incluso haciendo uso de la fuerza.
La posición de Puigdemont
Puigdemont, que presidía la junta, insistió en que el bien superior era "no afectar a la normal convivencia ciudadana", mientras que Interior subrayó que el "principal bien a proteger es el cumplimiento de la legalidad y del mandato judicial recibido". Según el acta de la reunión, Puigdemont aseguró que "el bien sagrado al que no se puede renunciar es la convivencia ciudadana, que es un derecho fundamental y que tiene como máximo garante del mismo al presidente (a él mismo) porque un mandato judicial no puede anteponerse a los derechos de los ciudadanos".
La advertencia de Pérez de los Cobos
La principal advertencia la realizó el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad, el coronel Pérez de los Cobos, pidiendo directamente al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "que hiciese un llamamiento para que los colegios no se abriesen el 1 de octubre" y después el Delegado del Gobierno en Catalunya, Josep Enric Millo, con una petición muy concreta también para Puigdemont para que desconvocase el acto.
La posición de Trapero
Durante este encuentro, el entonces mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, se comprometió a cumplir la ley y las órdenes de las autoridades judiciales. Trapero insistió, según informa la SER, en que la previsión apuntaba a que más de dos millones de personas saldrían a la calle ese día y que lo que habría que conseguir era "llevar a cabo esa orden judicial preservando la convivencia y actuando con proporcionalidad y congruencia, haciendo uso de la fuerza únicamente cuando haya que repeler agresiones a la policía o a terceras personas y evitando causar un daño mayor al que se pretende evitar".
El Ministerio del Interior, sin embargo, ha acusado después a los Mossos de "pasividad" e "inactividad" por permitir la apertura de los colegios electorales, y dando las coordenadas de los movimientos policiales para evitar la acción de la policía.
La posición de Forn
Durante la reunión, el que fue 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, dejó claro que "el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad tendrían que actuar únicamente a requerimiento de los Mossos". Sin embargo Interior insistió en que "el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya se dirige a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad por igual, por lo que todos los cuerpos están obligados a cumplir con el auto dictado por el TSJC sin necesidad de requerimiento previo".
En la reunión de la Junta de Seguridad estuvieron también el secretario general de Interior, Cèsar Puig, el director general de la Policía de los Mossos, Pere Soler, y la jefa de la asesoría jurídica del Departamento de Interior, Marta Gordi. Como representantes del Gobierno estuvieron el Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el Delegado del Gobierno en Cataluña, Josep Enric Millo, el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver, y el Director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos.
