Sin el artículo 155 de la Constitución, no hay intervención de cuentas de la Generalitat. O, al menos desaparece la fiscalización más dura que se ha llevado en los últimos 218 días. El nuevo vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, así lo ha comunicado a su departamento y al resto de consejerías en su primera jornada laboral tras la toma de posesión el sábado.

«Volvemos a poner en marcha el Govern de Cataluña y ordenamos el fin de la intervención financiera desde este edificio, donde el 20 de septiembre empezaron tantas cosas y compañeros sufrieron en sus carnes la represión del Estado y de la Guardia Civil», dijo ayer Aragonès.

El decreto del viernes pasado de nombramiento de los miembros del Govern significó «el levantamiento automático» de este control y, por ello, la Intervención General de la Generalitat ha remitido a los distintos departamentos una comunicación en la que explica el levantamiento efectivo de la intervención, según fuentes de la consejería. La Generalitat vuelve a recuperar una buena parte de su autonomía financiera.

El Ministerio de Hacienda aprobó medidas de control especiales en septiembre pasado (orden HFO/ 878/ 2017, de 15 de septiembre de 2017), pero, con posterioridad, el 22 de diciembre (orden HFP/ 1281/ 2017) las intregró en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Al decaer esta, también lo hace esa fiscalización especial.

Como consecuencia de ello, el Gobierno central tendrá que volver a ingresar el anticipo mensual a cuenta del sistema de financiación, que en la actualidad se ingresaba en una cuenta en el Banco de España.

También queda suprimida la obligación de justificar los gastos con un certificado. Estos documentos, que se tenían que expedir con todos los pagos efectuados a través de entidades de crédito, servían para acreditar que los gastos del sector público de la Generalitat no financiaban actuaciones ilegales o vinculadas con la celebración del referéndum del 1-O o la creación de estructuras de estado.

La fiscalización financiera especial a la Generalitat se limitará ahora al informe mensual sobre gastos, impuesto por el Cristóbal Montoro en el 2015. Aragonès ha afirmado que pedirá al Gobierno que, una vez finalizada la intervención financiera, se ponga fin también a las condiciones específicas «discriminatorias» impuestas a Cataluña para recibir dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Desde el PSOE, ahora en el Gobierno, abren la puerta a liquidar también esas medidas especiales. El secretario de Organización, José Luis Ábalos, fue tajante en una entrevista en Antena 3: «Si volvemos a la normalidad y se recupera la institucionalidad, si esto es verdad, habrá que ir pensando en que determinadas medidas que se tomaron tendrán que ir acompasándose a los ritmos de esa normalización. Si la normalización prospera es normal también que todo se normalice y no dejemos hechos excepcionales si avanza la normalización».