La Fiscalía Superior de Catalunya ha dado instrucciones este lunes a los Mossos d'Esquadra para identificar a los responsables de los centros designados como colegios electorales en el referéndum unilateral del 1-O con el fin de tomarles declaración como testigos. La instrucción está firmada por el fiscal jefe, José María Romero de Tejada, y va dirigida al 'major' de la policía catalana, Josep Lluís Trapero.

También pide que los responsables entreguen la documentación que posean en relación con la celebración del referéndum, y les apercibe de su obligación de no ceder los centros para el referéndum.Así, los Mossos deben acudir a los colegios electorales, identificar al responsable y preguntarle si ha recibido alguna comunicación de la Conselleria de Ensenyament --si es centro educativo-- o de otro organismo del que dependa ese colegio electoral.

De hecho, entre los centros elegidos, cuyo listado ya es accesible desde que el Govern facilitara las herramientas necesarias para que aquellos que lo deseen conozcona dónde pueden votar. Siendo estos colegios electorales, en muchos casos, los mismo empleados en unas elecciones al uso.

Entregar urnas, si se tienen

Si la ha recibido, debe entregarla; y si la comunicación fue oral en vez de escrita, debe decir quién se la hizo. También debe entregar cualquier material que pueda tener sobre el 1-O; por ejemplo, papeletas, urnas, listas de votantes u ordenadores, y Mossos debe requisarlo. Los agentes de la policía autonómica catalana también deberán advertir a cada responsable de que dar llaves o claves de seguridad de su local para el 1-O podrá considerarse colaboración en delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

Si el responsable ya hubiera entregado esas llaves o claves con un duplicado, "se le advertirá de su obligación de impedir la apertura sin su autorización" y de que debe denunciar inmediatamente que en su centro hay personas ajenas con capacidad de acceder al local.

Toda la responsabilidad

Además, la policía judicial debe decirle al responsable que es "rotundamente falsa y sin fundamento legal" toda comunicación administrativa que le garantice que ceder el local le exima de responsabilidades.Y debe advertirle de que tiene que denunciar toda amenaza, coacción o presión que pueda recibir para ceder su local.

Al respecto de estas nuevas instrucciones de la fiscalía, fuentes del Govern consultadas por EL PERIÓDICO apuntan, sobre la actuación estatal: "Van a provocar y nosotros a no responder a las provocaciones. Y los sindicatos de la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos de la Generalitat ha solicitado, a la vista del peligro de que los directores de los centros puedan ser perseguidos, una reunión urgente con las 'conselleries' de Ensenyament y Governació.