La Fiscalía General del Estado ha recibido una denuncia para la ilegalización de la CUP como partido político por "apoyar públicamente un acto ilegal" y "propiciar la violencia" para alcanzar sus objetivos políticos. Dicho escrito ha sido remitido a la fiscalía por un particular, según recoge el medio digital 'Vozpopuli'. La denuncia apela a la ley orgánica 6/2002 de partidos políticos para pedir al ministerio público que actúe contra la CUP por sus acciones en pro de la celebración del referéndum del 1 de octubre. Esta es una de las muchas denuncias que llegan a la fiscalía cada día por parte de particulares, pero su registro no implica que finalmente acaben prosperando. De hecho, fuentes de la Fiscalía aseguran que no tienen previsto realizar ninguna acción más allá de aceptar la denuncia.

El escrito contra la fuerza anticapitalista centra sus argumentos en el hecho de que "la CUP está apoyando, promoviendo y defendiendo públicamente un acto ilegal", en referencia al referéndum del 1 de octubre y a los hechos que le sucedieron. Otro de los argumentos que se aducen en la denuncia es el de "propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos", haciendo referencia en la denuncia a los daños materiales realizados a los coches de la Guardia Civil y al "robo de armas a estos", hecho que se denunció en un primer momento pero que más tarde se reveló como falso.

La diputada de la CUP Mireia Boya ha respondido a la denuncia a través de su cuenta de Twitter afirmando que "les ideas no se pueden encarcelar. Seguimos". Varios líderes políticos de diferentes partidos políticos también se han pronunciado en sus respectivas cuentas de Twitter mostrando su solidaridad con la formación anticapitalista. "No tendrán suficiente en encarcelar ideas. Querrán ilegalizarlas. Hace falta hacer un frente amplio para defender la democracia", afirma el dirigente de los 'comuns' Jaume Asens. O el secretario general de Podem, Albano Dante Fachin, "si ilegalizan a la CUP, nos ilegalizan a todas".