La Guardia Civil y la Policía no ha encontrado una buena bienvenida en algunos municipios de Catalunya y más después de lo ocurrido el domingo, cuando intentaban evitar empleando la fuerza, que se produjera la votación suspendida por el Tribunal Constitucional. Y de algunos municipios han sido expulsados. La fiscalía está investigando si para lograr que abandonaran algunos establecimientos hoteleros se ha producido algún delito.
Fuentes fiscales señalaron que se está recabando información para determinar si han podido producirse delitos de amenazas y coacciones a los propietarios de los hoteles para lograr que obliguen a abandonar sus instalaciones a los agentes de la Guardia Civil y la Policía que tenían alojados. Además, apuntan a que podría tratarse también de un delito de odio hacia estos colectivos. En el caso de que, tras recabar la información oportuna determinen que ha sido así, iniciarán las acciones legales oportunas a través de las correspondientes denuncias o querellas.
Según estas fuentes, trabajadores y propietarios de los hoteles han manifestado que se han visto obligados a expulsar a los agentes tras ser amenazados con represalias por parte de ciertas personas e incluso con el cierre del establecimiento por parte de algunos consistorios.
El caso más paradigmático de esta situación ha sido el de Calella donde 100 agentes de la Guardia Civil han sido expulsados del municipio. Los vecinos denuncian que algunos de ellos cargaron contra los vecinos que se manifestaban bajo las ventanas del hotel por la represión sufrida el domingo. En Pineda, la reacción de los agentes ante la protesta que se organizaba en las puertas del establecimiento fue la de pedir que les dejaran actuar.
