La fiscalía de la Audiencia Nacional quiere redoblar la presión contra el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Tras tomarle declaración junto a los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural el ministerio público ha tomado la decisión de solicitar a la jueza Carmen Lamela ampliar la causa por sedición hasta lo ocurrido el 1-O, mientras estudia la posibilidad de recurrir que quedara en libertad con comparecencias quincenales.

Ya lo tenía en mente, como hacía presagiar que fuera el ministerio público el que entregara en el Juzgado Central de Instrucción número 3 el último informe de la Guardia Civil sobre la sedición en el que se hacía referencia no sólo al acoso sufrido por la comisión judicial enviada a hacer registros por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, sino también al referéndum ilegal.

Fuentes fiscales han confirmado este martes que la fiscalía se lo planteará a la magistrada. En su opinión, pese a las causas ya abiertas en Catalunya, todos los hechos relativos a desórdenes públicos y, en concreto, a la sedición, se investiguen en el juzgado de Lamela, aunque aún no está claro cómo formalizarlo.

Sostiene que todo lo acontecido entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre está íntimamente relacionado y, como ejemplo, cita al presidente de la ANC, Jordi Sànchez, arengando a las masas frente a la 'conselleria' de Economía diciendo que se votaría en el referéndum.

En el auto de prisión de los presidentes de la ANC y Òmnium, la magistrada se cuidó de precisar que en la causa sólo se investiga la sedición cometida entre los días 20 y 21 de septiembre, y que los hechos posteriores aportados en el informe de la Guardia Civil sólo servían para determinar la verdadera intención de los imputados.

En sus resoluciones la magistrada señalaba que como pena máxima para la sedición 10 años de cárcel, pero las fuentes fiscales consultadas siguen apuntando a los 15 previstos para los dirigentes.El mayor Josep Lluís Trapero, de paisano, se dirige a la Audiencia Nacional, ayer.