En pleno escándalo por la operación Lezo, el PP vuelve a acaparar los focos por un nuevo caso de corrupción. Este martes se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, por un delito societario en la época en la que fue concejal del Ayuntamiento de Madrid y presidenta de Mercamadrid, según han confirmado a Europa Press fuentes fiscales.
El motivo, según ha adelantado el diario 'El País', es una operación de Mercamadrid denunciada hace un año por la actual presidenta de esta empresa, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato.
Además de Dancausa, 'El País' explica que la fiscalía también ha llevado ante el juez a Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (ambos en prisión desde el viernes por la operación Lezo) y otros 14 altos cargos de Mercamadrid y de Mercasa. El supuesto fraude se habría cometido durante la etapa de Ana Botella al frente del Ayuntamiento de Madrid.
INFORME DE DENUNCIA
Higueras y Sánchez Mato presentaron ante la fiscalía un escrito de denuncia por presuntas "prácticas irregulares" encontradas en esta sociedad mixta, participada por el ayuntamiento en un 51%, con "responsabilidades políticas por mala gestión".
En ese extenso informe, se narraba que Mercamadrid asumió el pago de un alquiler de unas naves a Merca Ocio durante 20 años para evitar un litigio judicial. "Mercamadrid resolvió de forma claramente lesiva para su patrimonio el impago de la empresa adjudicataria", apuntaba el escrito presentado. Las naves "no tienen uso alguno en la actualidad ni fácil arrendamiento a terceros, lo que provoca un drenaje de aproximadamente el 10% del beneficio anual" de Mercamadrid", señalaba la denuncia.
Así, el documento detallaba que "si el acuerdo se mantiene hasta su fecha de vencimiento, Mercamadrid habrá pagado más de 11 millones de euros por el alquiler de unas naves que ni le sirven ni le dan rentabilidad" lo que "es una cantidad superior a lo que supuestamente habría pagado a Merca Ocio si hubiese perdido el litigio".
DAÑO PATRIMONIAL DE 11 MILLONES
Sánchez Mato remarcó así que el daño patrimonial para Mercamadrid "puede superar los 11 millones". "Hablamos de la realización de un determinado acuerdo extrajudicial que llevó a la asunción por el anterior equipo de gobierno (del PP) de unos compromisos económicos muy dañinos para la sociedad y además no hay explicación técnica que lo justifique", destacó el concejal.
En la denuncia se ponían en conocimiento de la Fiscalía otras operaciones conocidas recientemente. "En determinados años, y aprovechando la ampliación de sus instalaciones, se produjeron una serie de gastos desproporcionados. Un ejemplo es la realización de la ampliación de las infraestructuras de Mercamadrid por una inversión de más de 77 millones de euros que no ha servido para incrementar ni los ingresos ni la rentabilidad de la sociedad", señalaba el documento.
Con este informe, el Gobierno municipal pedía a la Fiscalía que investigue por si los hechos fueran constitutivos de uno o varios delitos.
