La fiscala Anticorrupción Myriam Segura no considera suficiente la carta que el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, envió la semana pasada admitiendo irregularidades en la financiación de varias campañas electorales por parte del PP valenciano. Al comenzar el juicio por este caso de presunta financiación ilegal, la representante del ministerio público anunció que decidirá si rebaja su petición de 24 años y medio de cárcel para el empresario, si este continúa colaborando con la Justicia y se repara el daño causado.

El juicio contra la excúpula del PP valenciano por financiarse a través de la Gürtel en las campañas electorales, en concreto, las autonómicas y municipales del 2007 y las generales del 2008, donde están acusados, entre otros, los exaltos cargos del partido regional Ricardo Costa y Vicente Rambla y nueve empresarios, se inició ayer con las cuestiones previas planteadas por las partes.

En ellas las defensas volvieron a alegar prescripción de las actuaciones y a pedir la nulidad de las grabaciones que el exconsejal madrileño José Luis Peñas hizo durante años a Correa, como intentaron sin éxito en el juicio de la primera época de Gürtel. Esa vista, que concluyó en noviembre, se cerró con el ofrecimiento total de colaboración con Anticorrupción que realizó el cabecilla de la trama. El juez Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, las rechazó todas y acusó a los letrados de «pertinaces» por volverlas a plantear por tercera vez, pese a los distintos tribunales que las han rechazado con anterioridad.

En las cuestiones previstas fue donde la fiscala Segura planteó que no se pronunciará sobre una rebaja para Correa hasta que presente sus conclusiones definitivas. Tanto la Abogacía del Estado como la acusación popular que ejerce el PSOE valenciano se adhirieron al criterio fiscal.

Para resarcir el daño causado, Correa logró que el juez Vázquez Honrubia acordara el desbloqueo de dos de sus cuentas en la entidad suiza Crédit Suisse, de donde saldrán los algo más de dos millones que se le reclaman.

La Fiscalía solicita penas de entre 4 y 6 años de prisión para los nueve empresarios acusados. Todos ellos suscribieron una carta hace meses en la que reconocían haber financiado campañas electorales del PP valenciano. La fiscala sí anunció la retirada de uno de los delitos que imputaba al exvicepresidente valenciano Vicente Rambla. Inicialmente pedía para él 7 años y 9 meses de prisión, y ahora 6 años y medio.

La mayor pena que solicita Anticorrupción es para Álvaro Pérez, el Bigotes, que se enfrenta a un total de 27 años de prisión, como responsable de Orange Market, la empresa con la que contrataba la Generalitat valenciana.