La hasta la semana pasada fiscala jefa de Barcelona, Anna Magaldi, frenó en noviembre del pasado año una investigación abierta contra el actual diputado del PP en el Parlament, senador y exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, y también contra el director del Instituto Catalán del Suelo (Incasol) Damià Calvet, por el presunto trato de favor al club de baloncesto Joventut mediante ayudas públicas a una fundación y operaciones urbanísticas especulativas. La que era máxima responsable de la fiscalía provincial, ahora jubilada, decretó el archivo del procedimiento con la oposición del fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de Cataluña, Antoni Pelegrín, que, tras más de dos años de pesquisas, fue apartado del caso. Pelegrín consideraba que se había acreditado la existencia de varios delitos, como los de malversación de fondos públicos, fraude y prevaricación.
La decisión de Magaldi ha llegado a la Fiscalía General del Estado, según ha podido saber este diario. Un sector de la fiscalía sostiene que la actuación de la fiscala no fue la correcta, pues el asunto debería haber sido trasladado, como solicitó el fiscal Pelegrín, a la Fiscalía Anticorrupción y que fuera este organismo el que decidiera si debía seguirse adelante con la investigación. No se hizo así y el caso fue archivado directamente por la jefa de la fiscalía con el argumento de que en los hechos investigados podría haber «irregularidades» e «ilegalidades», pero solo administrativas, no penales. Entre las anomalías, cita la «ausencia» del control de ayudas públicas. El carpetazo lo ratificó la Fiscalia Superior de Cataluña.
La investigación contra Albiol se inició el 12 de junio del 2015 a raíz de una denuncia ante la fiscalía de la asociación de propietarios de la unidad residencial Mas Ram de Badalona-Tiana. Magaldi incoó las diligencias y delegó la investigación en Pelegrín. Desde entonces hasta noviembre, se reunió documentación sobre el supuesto trato de favor y, sobre todo, en referencia a una serie de operaciones urbanísticas destinadas a proporcionar beneficios económicos al club de baloncesto, que presentó concurso de acreedores en el 2010 por las deudas que tenía.
La denuncia detallaba, en síntesis, que el Ayuntamiento de Badalona y el Incasol habrían desarrollado operaciones inmobiliarias de «marcado signo especulativo» con el «único y exclusivo fin» de beneficiar económicamente al Joventut. Al entender del fiscal Pelegrín, estas actuaciones eran «contrarias a los más elementales principios que rigen el Derecho urbanístico», por priorizar el interés económico del club de baloncesto «en detrimento de los ciudadanos de Badalona».
Ante estos indicios, el fiscal instó en junio del 2017 que se trasladara el caso a la Fiscalía Anticorrupción por la «existencia de indicios de criminalidad». En un principio, recibió el beneplácito de sus superiores en la Fiscalía de Barcelona. Sin embargo, al cabo de unos meses, la fiscala jefa le ordenó que archivara el caso porque las irregularidades detectadas no eran relevantes a nivel penal. Ante la negativa del fiscal de Urbanismo de acatar ese mandato, Magaldi le apartó del asunto y cerró la investigación.
Mientras un sector de la fiscalía opina que esta actuación contraviene la normativa que rige esta institución, otro defiende que, como fue la fiscal jefe quien abrió las diligencias, ella puede decidir.
TRES FASES / Los hechos investigados se remontan a 1998-1999, cuando se iniciaron contactos entre el Ayuntamiento de Badalona, cuya alcaldesa era la socialista Maite Arqué, y el Joventut, presidido por Jordi Villacampa, con la finalidad de procurar que el club pudiera obtener recursos económicos.
Fruto de estas conversaciones, en enero del 2002 el consistorio creó la fundación Badalona, Capital Europea del Básquet, en la que participaba el club. Un objetivo era ejecutar un proyecto comercial en unos terrenos municipales. Según el fiscal Pelegrín, la fundación sirvió para destinar fondos públicos al Joventut.
De las investigaciones se desprende, a su parecer, la «clara voluntad por parte de responsables políticos de distintas administraciones públicas de ayudar económicamente de manera claramente ilícita» al Joventut.
En opinión de este representante del ministerio fisca, el «proceso de ayudas públicas ilegales» al club se puede dividir en tres fases: la utilización de la fundación (a la que se adjudica «directamente y gratuitamente» el uso de terreno municipal), la promoción de una operación urbanística en el barrio de Mas Ram, que resultó fallida, y otro proyecto inmobiliario en el Pomar.
