El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha confirmado este lunes que el ministerio público ha procedido a interponer dos querellas, una ante la Audiencia Nacional y otra ante el Tribunal Supremo, por los delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra "los principales responsables políticos de la Generalitat, que con sus decisiones y actos a lo largo de los dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia, con total desprecio a nuestra Constitución".
La primera, de 118 páginas, se dirige contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el depuesto Govern por su actuación desde el 9 de noviembre de 2015, cuando se aprobó la declaración soberanista y se ha interpuesto en la Audiencia, tal y como adelantó anoche este diario, al haber perdido el fuero tras la disolución del Parlament por la convocatoria de elecciones. Esta querella se dirige contra 14 personas, incluido Santi Vila, pese a que presentó su dimisión la víspera de la votación de la DUI.
Su relato de hechos comienza con la declaración soberanista anulada por el Constitucional en diciembre de 2015 y pormenoriza todos los pasos dados por el Govern y la mesa del Parlament, a través de sus respectivas actuaciones, desde entonces hasta el pasado viernes cuando se declaró la independencia.
"El Govern continuó impulsando las medidas necesarias para la creación de un Estado catalán independiente en forma de república valiéndose del poder que les otorgaba tener la mayoría absoluta en la cámara y reforzado por el apoyo de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium", afirma el fiscal. Añade que "mientras los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del 'procés', la actuación de los movimientos populares iba encaminada a crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado que justificaran la desobediencia de la sociedad para respaldar la consecución de los fines independentistas".
Ya está en manos de la magistrada Carmen Lamela, que esta semana se encuentra de guardia en la Audiencia Nacional. Se da la circunstancia de que ella ya instruye una causa por sedición contra el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La magistrada puede ahora acumular la nueva querella a la ya existente, si considera que los hechos son conexos, o enviarla a reparto.
Fianzas y medidas cautelares
La presentada en el Tribunal Supremo se dirigirá contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los demás miembros de la Mesa que "posibilitaron la tramitación de los proyectos esenciales pra el desarrollo y la culminación del proceso independentista". Esta querella se dirige contra seis personas, entre ellas, Joan Josep Nuet, que votó contra la tramitación de la DUI, que participó en desobediencias anteriores al veto impuesto por el Tribunal Constitucional. La fiscalía entiende que el Supremo es competente para investigarles puesto que parte de los delitos se cometieron fueran de Cataluña.
La Sala de admisión del Tribunal Supremo, formada por cinco magistrados, estudia desde esta mañana la querella y esta tarde se reunirá para decidir sobre su admisión.
El fiscal general, que compareció ante los medios acompañado, entre otros, por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, anunció que las querellas incluyen una petición para que todos los querellados comparezcan "con carácter urgente" ante el juez que corresponda para prestar declaración y decidir las medidas cautelares que puedan imponérseles, "atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados". La sedición se pena hasta con 15 años de cárcel y la rebelión con hasta 25. En caso de "incomparecencia interesa la inmediata detención de los querellados".
La fiscalía solicita que las causas ya abiertas contra el Govern y la mesa del Parlament en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se acumulen a los procedimientos que se abrirán ahora en la Audiencia Nacional y el Supremo.
Además, solicita que, en concepto de responsabilidad civil, se imponga a los 20 querellados una fianza solidaria de 6,2 millones de euros para hacer frente a la condena que les puede ser impuesta en una futura condena.
