La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este martes una pena de 16 años de prisión para cada uno de los seis de los hijos del empresario jerezano José María Ruiz Mateos, fallecido en junio del 2015, por la presunta estafa piramidal de Nueva Rumasa. Las 13 emisiones sucesivas de prestamos al grupo empresarial captaron más de 337 millones de euros a un total de 4.100 inversores, de los cuales 289 millones se adeudaron tras declararse el grupo en concurso de acreedores.
Según el escrito de acusación, entre 2009 y 2011, los acusados, junto con el fallecido patriarca José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada idearon un sistema de financiación del Grupo Nueva Rumasa de naturaleza piramidal. Este consistía en captar fondos del público bajo la forma de préstamos retribuidos con altos intereses, cuya devolución se garantizaba mediante pagarés y otros efectos emitidos y avalados por sociedades del grupo.
En concreto, la acusación describe delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes contra los hermanos Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz Mateos Rivero, así como los también miembros de la familia, Zoilo Pazos Jiménez y Alfonso Barón Rivero. Asimismo, la acusación comprende la actuación de otros trabajadores y colaboradores del Grupo Nueva Rumasa entre los que se encuentran Manuel Sánchez Marín, con despacho profesional en Madrid, y José Ramón Romero López, Rufino Romero de la Rosa y Ricardo Álvarez Castaño, estos últimos, miembros destacados de la organización en la localidad de Jerez de la Frontera.
LOS HECHOS
Los hechos se remontan fundamentalmente a los años 2009 a 2011 durante los cuales los acusados idearon un sistema de financiación del Grupo Nueva Rumasa de naturaleza piramidal consistente en captar fondos del público bajo la forma de préstamos retribuidos con altos intereses, cuya devolución se garantizaba mediante pagarés y otros efectos emitidos y avalados por sociedades del Grupo. Estas inversiones se publicitaban en los medios de comunicación con un gran despliegue de información visual, ocultando siempre a los inversores la verdadera situación económica de todo el grupo empresarial, que era ya incapaz de hacer frente al cumplimiento regular de sus obligaciones. En realidad, la mayor parte de los fondos captados del público en todo el territorio nacional fueron redirigidos a una caja única en una sucursal del banco Etcheverría en Madrid de la que los acusados disponían en función de las necesidades del hólding empresarial, incluidos los cuantiosos gastos de índole personal del clan familiar.
EMISIONES SUCESIVAS
Se estima que mediante 13 sucesivas emisiones los acusados captaron más de 337 millones de euros a más de 4.100 personas, de los cuales dejaron sin devolver 289 millones, habiendo sido declaradas en concurso de acreedores tanto las sociedades emisoras de pagarés como las avalistas. Se desconoce el destino último de, al menos, 82 millones de euros que los acusados retiraron en efectivo de las cuentas bancarias.
La acusación también se dirige por un delito de alzamiento de bienes contra los hermanos Ruiz-Mateos, Ángel de Cabo Sanz y los colaboradores de este, Fernando Juan Lavernia Sanchís e Iván Manuel Losada Castell, por la venta de las sociedades del Grupo Nueva Rumasa al entorno societario de dichos acusados que tuvo lugar con posterioridad a las emisiones con el fin de controlar los concursos de acreedores de las sociedades emisoras y salvaguardar en lo posible el patrimonio personal de la familia Ruiz-Mateos.
