El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se ha propuesto velar por el cumplimiento del mandato dado este jueves por el Tribunal Constitucional a más de un millar de alcaldes y cargos de la Generalitat para que impidan cualquier actuación encaminada a la celebración del referéndum del 1 de octubre. Para ello ha remitido un oficio a la Fiscalía Superior de Catalunya para que ordene a los responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra abrir un atestado e intervenir cualquier objeto de delito "ante cualquier actuación de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores, dirigida a la organización del referéndum".

Según el oficio, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la instrucción también será remitida a los máximos responsables de los tres cuerpos policiales en cada provincia con el mismo objetivo. Cuando los fiscales jefes provinciales y el fiscal superior tengan a su disposición los atentados o "tengan conocimiento por cualquier otra vía de actos dirigidos a organizar el referéndum procederán a la incoación de las correspondientes de investigacion y a la formulación de denuncia o querella ante el órgano jurisdiccional competente.

El escrito sostiene que ante la notoriedad de la prohibición de los actos de organización del referéndum, acordada anoche por el alto tribunal, "cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin" sea considerada "indiciariamente constitutiva al menos de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos".

La Fiscalía explica que los pronunciamientos del Constitucional, "reiterados de forma clara y sin fisuras, públicos y difundidos, dad su evidente trascendencia, a través de todos los medios de comunicación, permite afirmar que la falta de compentencia de Catalunya para convocar consultas, incluso no referendarias (...), es un hecho notorio e , indudablemente, de conocimiento indiscutible para todos aquellos que ostentan alguna responsabilidad pública". De ahí que "quede fuera de toda duda la ilegalidad" de cualquier acto dirigido a la celebración del referéndum.