El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha decidido que no es necesario esperar a que los alcaldes catalanes dicten algún acuerdo concreto de apoyo al referéndum del 1 de octubre. Basta con que aparezcan en la lista de la Associació de Municipis per la Independència, como firmantes del decreto en el que ponen a disposición del Govern sus locales, para que la fiscalía abra unas diligencias de investigación en las que, por medio de la policía municipal, citará como imputado al alcalde "en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización ilegal".
El listado, actualizado a fecha del día 12, incluye a 712 municipios de los alrededor de 950 que hay en Catalunya. Ante el gran número de municipios que firmaron el decreto "para poner a disposición del Govern de la Generalitat los locales municipales para organizar el referéndum", la fiscalía propone que se empiece a actuar contra los más de mayor población. En la relación aparecen, entre otros, Girona, Vic, Martorell, Manresa, Igualada, Berga y Tortosa.
La instrucción, dirigida a las fiscalías provinciales catalanas, acuerda que todos los regidores deberán declarar en la Fiscalía que corresponda en calidad de investigados y asistidos por un letrado. En el caso de que no comparezcan, el fiscal general señala que se procederá "a acordar su detención y presentación en Fiscalía". El arresto, según la Fiscalía General, deberán realizarlo los Mossos d'Esquadra "en el plazo más breve posible".
El escrito comienza recordando las resoluciones del Tribunal Constitucional de suspender las leyes en las que el Parlament pretendía sustentar el referéndum y la advertencia que, a través de la delegación del Gobierno se hizo llegar a todos los alcaldes catalanes, para que se abstuvieran de "iniciar, tramitar, informar o dictar cualquier iniciativa que suponga ignorar la suspensión acordada", porque contribuya a la consulta ilegal.
Delitos cometidos
La Fiscalía precisa que las "eventuales responsabilidades, incluida la penal", en la que podrían incurrir los alcaldes son los delitos de desobediencia, penado con multa e inhabilitación especial, por el incumplimiento de las resoluciones del Constitucional; prevaricación, castigado con inhabilitación especial, por "la adopción de de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico, y malversación, penado con hasta ocho años de cárcel y hasta 20 de inhabilitación, por la suspensión de fondos públicos para "la realización de actividades delictivas".
La actuación fiscal se centrará en los municipios que han firmado el decreto en el que ponen a disposición del Govern locales. La orden recuerda que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, ambos ya querellados ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, han contactado con todos los municipios para exigirles que pongan lugares "a disposición del referéndum ilegal".
