La Fiscalía presentó ayer en la Audiencia Nacional una denuncia por sedición por los altercados que se produjeron en las manifestaciones desarrolladas en Barcelona desde el miércoles, tras los arrestos y registros realizados en distintas empresas y despachos de la Generalitat por orden del Juzgado de Instrucción número 13. El juez Ismael Moreno, al que ha correspondido por reparto, será el encargado de admitirla a trámite el lunes.

La denuncia no se dirige contra nadie en concreto, aunque señala la intervención que tuvieron en las concentraciones el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Ambos animaron a los participantes. El primero dijo: «El 1 de octubre votaremos, si nos quitan las urnas, las construiremos» y «que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa». El segundo se subió a un coche de la Guardia Civil para pedir que la protesta continuara.

El texto no hace referencia alguna a la participación de la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, en la celebrada frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero una hipotética imputación suya en este procedimiento lo arrastraría al tribunal superior catalán, ya que es aforada.

El escrito relata cronológicamente los altercados vividos en las concentraciones de los días 19 y 20. Cita los tiros al aire por parte de agentes para evitar un presunto ataque a un furgón en la sede de la CUP, los cometidos contra vehículos de la Guardia Civil y el acoso sufrido por la comisión judicial que participaba en el registro de la Consejería de Economía. La letrada de la Administración de Justicia (antes secretaria judicial) tuvo que abandonar el edificio por la azotea y el juez Juan Antonio Ramírez se vio obligado a llamar al major de los Mossos d’Esquadra para que se garantizase la seguridad de los agentes y funcionarios que formaban la comitiva.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, que firma la denuncia, sostiene que este tribunal es competente para investigar la sedición, porque aunque ahora el Código Penal la integre en los delitos de orden público antes estaba junto a los que atentan contra la forma de gobierno, que sí le corresponden. Una explicación cuestionable que podría hacer que las actuaciones por sedición acabaran en el juzgado de Barcelona que ya tiene abiertas diligencias por el 1-O. De momento, será el juez Moreno quien se pronuncie y él ya investigó por sedición al edil de Vic Joan Roura. La Fiscalía sostiene que los altercados colman el requisito de tumulto o de violencia que exige la ley para entender que existe sedición, delito penado con hasta 15 años de cárcel si lo cometen personas «constituidas en autoridad».

RELATO DE LOS HECHOS / El escrito fiscal detalla lo ocurrido en las distintas concentraciones desde que 400 personas, convocadas por redes sociales, se concentraron en la Consejería de Economía. Cuando había unas 2.000 personas, individuos no identificados «pincharon las ruedas de coches patrulla de la Guardia Civil» para impedir «su legítima actuación».

A las 11.45 horas la «turba entonaba cánticos dirigidos a la comisión judicial de «Esta noche la pasarán aquí», lo que obligó a que dotaciones antidisturbios de los Mossos se desplazaran hasta allí. La ANC repartió petos de color verde entre voluntarios que hicieron un cordón ante la puerta, entiende el fiscal, para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos.

Tras señalar que en la sede del PSC se produjeron agresiones a militantes socialistas, subraya que el cordón humano de la ANC sí permitió la salida de autoridades de la consejería, se colgó una pancarta y repartió bebida y comida. Hacia las 20 horas, el presidente de la ANC dijo delante de 40.000 personas: «El 1 de octubre votaremos, si nos quitan las urnas, las construiremos»; «que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa».

A las 00.13 horas, el presidente de Òmnium pidió que la movilización no se detuviera subido a un coche de la Guardia Civil. Posteriormente pidió que se disolvieran, pero ya era tarde; los mossos tuvieron que cargar para formar un cordón que permitiera a la Guardia Civil salir.

Según la Fiscalía, los altercados tenían «la finalidad última» de «conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España».

El Código Penal incluye en los delitos de orden público los delitos de sedición, previsto para los que, «sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes».

La pena prevista para los que «hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores» es de entre 8 y 10 años de cárcel. Si se trata de personas constituidas en autoridad se castiga con penas de prisión de entre 10 a 15 años. Fuera de estos casos, la pena fluctúa entre los cuatro y los ocho años.