La Fiscalía Anticorrupción duda de que los fondos que la familia del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha tenido ocultos durante años en Andorra procedan de una herencia y sostiene que «existe una sospecha» sobre la ilicitud de este dinero, habida cuenta de que la «vaga» explicación sobre su procedencia ofrecida por el exmandatario catalán «no resulta del todo plausible, al presentar tanto lagunas como contradicciones». Así se expresa el fiscal Alejandro Luzón en un escrito de alegaciones presentado en el juzgado de Barcelona que investiga la querella del sindicato Manos Limpias contra Jordi Pujol Soley y su esposa, Marta Ferrusola, por diversos delitos, entre ellos fraude a Hacienda, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos.

La fiscalía estima que el proceso debe continuar y rechaza que se dejen sin efecto, tal y como ha solicitado la defensa del matrimonio Pujol, las comisiones rogatorias remitidas a Andorra y Suiza para que las autoridades de esos países informen sobre las cuentas abiertas por la familia del expresident.Luzón resalta en su escrito que el proceso penal precisa necesariamente la existencia de unos hechos que revistan caracteres de delito y que el juez debe valorarlos y actuar, pues, en caso contrario, se generarían espacios de impunidad, «siempre intolerables y de manera especial en unas conductas de corrupción que han alcanzado dimensiones profundas en la sociedad española, con el riesgo cierto de socavar los principios básicos de los regímenes democráticos». A su entender, al «disminuir la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, que esta delincuencia pone a su servicio, termina por resultar dañado el propio Estado de derecho».

La fiscalía señala que debe investigarse si la familia Pujol ha cometido o no un delito de fraude a Hacienda, a pesar de que Ferrusola y cuatro de sus hijos han regularizado su situación ante el fisco de 3,1 millones de euros procedentes de Andorra. Primero, porque debe comprobarse que la regularización se haya realizado correctamente, «algo que no puede asegurarse en este momento». Además, a raíz de la documentación aportada por el Banco de Madrid, se aprecian que las cantidades regularizadas son superiores al umbral típico de los 120.000 euros que establece el Código Penal para delimitar la existencia de delito. Marta Ferrusola regularizó 838.244 euros; Marta Pujol Ferrusola, 532.029; Pere Pujol, 701.341 euros; y Mireia Pujol, 1.072.767 euros. Con posterioridad, estas personas pagaron otras cantidades adicionales de menor importe. Según la acusación, debe mantenerse la existencia de un delito defraude fiscal.

LOS MOTIVOS / Anticorrupción subraya que si la regularización es correcta, esto no implica que no se investigue la posible ilicitud de los fondos con los que se han pagado la deuda tributaria y, mucho menos, «que se produzca una legalización automática del origen» del dinero depositado en Andorra.

La fiscalía añade que existe una «sospecha» sobre la ilicitud de los fondos y duda de su procedencia, pues se desconoce el dinero que se traspasa de una cuenta a otra, los saldos existentes en cada una y los movimientos de entrada y salida. Además, sostiene el fiscal, hay ingresos en efectivo y los ingresos se realizan tanto en dólares como euros e, incluso, en yenes japoneses. Anticorrupción incide en que los órganos judiciales «no pueden permanecer inactivos a la vista de un patrimonio que puede no corresponder con las fuentes lícitas de rentas conocidas de estas persona». La defensa niega la existencia del delito, y añade que habrían prescrito, pues Pujol dejó de ser president en el 2003.