El experto designado por Madrid para la comisión de reforma del modelo de financiación autonómica, Jorge Onrubia, cree que el actual escenario político de "insumisión y deslealtad" de la Generalitat de Cataluña puede retrasar cualquier acuerdo sobre el nuevo sistema, "bajo excusas injustificadas".

En una entrevista con Efe, el también profesor de Hacienda Pública de la Universidad Complutense considera "inaceptable" que se diera un "trato preferencial" a Cataluña con una negociación bilateral y de ocurrir, dice, sería un "error de magnitudes enormes".

No obstante, Onrubia confía en que un Gobierno "responsable, sensato y comprometido" con los valores de la Constitución no condicione el nuevo sistema "por esta anómala situación".

Este mes de septiembre, el informe elaborado por los 20 expertos designados por el Gobierno y las comunidades autónomas, salvo Cataluña que declinó participar, pasa a examen del Comité Técnico Permanente de Evaluación de Hacienda, que deberá ser capaz de perfilar un acuerdo político con los técnicos e incluso el asesoramiento de los expertos.

Para Onrubia, el informe ha allanado una parte importante de la negociación política por lo que, si la discusión se afronta de "forma constructiva", podría haber tiempo suficiente para alcanzar un acuerdo y que el proyecto de ley se redactase en el mes de octubre, lo que permitiría abordar el trámite parlamentario en lo que resta de año.

Onrubia dice ser consciente de "la difícil geometría política" del actual Parlamento pero también asegura que existen "incentivos" en las comunidades autónomas para alcanzar ese acuerdo.

"Las demandas sociales sobre los servicios públicos fundamentales, que los votantes identifican con el quehacer de los gobiernos regionales, forzaría a estos a promover un acuerdo que les aportase mayores recursos" añade.

Este experto en financiación también se refiere a "la fragmentación" de los parlamentos regionales y la "complejidad estratégica" a la que se enfrentan, "que no facilita la definición de posiciones dentro de cada comunidad".

Sin embargo y pese a ese escenario político complejo, Onrubia se muestra optimista e identifica incentivos para que se alcance un acuerdo razonable si bien advierte de que no deberá producirse "a cualquier precio".

En este sentido, señala que el modelo resultante debería respetar las líneas del informe de la comisión de expertos "y no repetir la malísima experiencia de 2009" que, recuerda, fue aprobado por todas las comunidades, que no tardaron ni un año "en criticarlo sin ambages".

Para Onrubia y dado "que el dinero no cae de los árboles", mantener la cláusula del 'status quo' (que impide que unas comunidades reciban menos recursos en términos absolutos que el ejercicio anterior) "sólo se explica por clientelismo político".

"Es absurdo mantener esa cláusula, pues supone pedirle al Estado que cubra las mejoras de financiación de las comunidades perjudicadas por el sistema anterior sin que, con ello, se evite que las que resultaban beneficiadas pierdan el privilegio de los fondos adicionales", explica.

Y sobre estos fondos y en concreto sobre el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), Onrubia cree que "cuanto antes hay que abandonar esos mecanismos de facilidades financieras, que se han convertido en una sustitución de la financiación ordinaria, con altos desincentivos a la eficiencia en el gasto".

A su juicio, esta retirada de la financiación extraordinaria debe hacerse de forma adecuada, aplicando medidas de apoyo financiero individualizadas "para evitar que cualquier estrangulamiento financiero en alguna comunidad".

Onrubia aclara que esto no supone puede ninguna reestructuración de la deuda que derive en la condonación total o parcial de pasivos financieros o de intereses.

Y advierte de que las quitas siempre acaban originando "serios problemas de riesgo moral, que inducen a la indisciplina fiscal", además de provocar "agravios comparativos" para las comunidades que han hecho mayores esfuerzos de saneamiento para cumplir con los objetivos de consolidación