Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat valenciana y exministro de Trabajo con el Gobierno de José María Aznar, fue detenido a primera hora de ayer por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acusado de los presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho y contra la hacienda pública. El PP le suspendió de militancia, y Telefónica rompió su relación laboral con el exdirigente. La jueza del caso citará también como investigado al exvicepresidente autonómico y exdirector general de la Policía Juan Cotino, así como a la esposa de Zaplana, Rosa Barceló, según avanzó Eldiario.es. Y a la secretaria personal de Zaplana, Mitsuko Henríquez, según Efe.

El arresto de Zaplana se produce al haber aflorado presuntamente dinero negro depositado en paraísos fiscales que habría obtenido por el cobro de comisiones. También se le podría acusar de malversación de caudales públicos porque las investigaciones afectarían a su etapa al frente de la Comunidad Valenciana, aunque este último delito podría haber prescrito.

DIEZ MILLONES DE EUROS / El juzgado nº 8, con Isabel Rodríguez al frente, puso en marcha hace meses la operación, bautizada como Erial. Fuentes policiales afirmaron anoche que, además de Zaplana, había seis detenidos. Se persiguen los cerca de 10 millones de euros que Zaplana habría acumulado por mordidas en la adjudicación de parcelas para parques eólicos y en la privatización de las ITV. Dinero que habría tratado de repatriar recientemente.

Tras asistir durante cerca de cinco horas al registro de su domicilio en una céntrica calle de Valencia, Zaplana salió del mismo sobre las dos de la tarde en un coche de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. A las 19.40 horas llegó a su chalet en Benidorm, donde tuvo lugar otro registro.

También estaban detenidos los empresarios Vicente y José Cotino, sobrinos de Juan Cotino. En el caso de Vicente, ya tiene una condena por falsedad documental y delito contra la Hacienda pública junto a otro expresidente popular valenciano, José Luis Olivas, quien admitió pagos en negro al PP valenciano en el juicio por las finanzas del partido.

Otro de los arrestados es Juan Francisco García, que fue jefe de Gabinete de Zaplana en los siete años que estuvo al frente de la Generalitat valenciana, entre 1995 y el 2002. El abogado madrileño, expresidente del club de baloncesto Estudiantes, era uno de los candidatos para presidir la Asociación de Clubes de Baloncesto en la asamblea que se celebraba por la mañana en Barcelona, donde fue detenido. Su candidatura fue retirada.

Igualmente se arrestaron a Joaquín Barceló, exdirectivo de Terra Mítica, el parque temático que impulsó Zaplana en Benidorm, y la mujer del que también fuera director del centro de turismo de esta localidad alicantina, Felisa López. También Francisco Grau, que habría sido asesor fiscal de Zaplana y exconsejero del parque temático como miembro de la CAM.

Ayer se realizaron varios registros; entre ellos, uno de la Consejería de Economía, donde los agentes requisaron documentación de la adjudicación de parques eólicos y de concesiones de ITV a la empresa de los Cotino.

El exministro de Trabajo ya había aparecido en el marco de la operación Lezo, que mantiene en prisión al expresidente madrileño Ignacio González, con el que se habría asociado para blanquear dinero por medio de un abogado uruguayo, según el juez Eloy Velasco..

Fernando Martínez-Maillo, coordinador general del PP, aseguró por la mañana en los pasillos del Congreso que la detención era «suficientemente grave» como para una reacción «enérgica» del partido. Y así fue. Se le suspendió de militancia de forma cautelar hasta que haya sentencia. Y, por la tarde, se le iba a abrir un expediente informativo. Lo mismo les iba a pasar al resto de detenidos afiliados a la formación popular.