Las entidades sociales de Catalunya han alertado este martes a la Administración de que debe tomar medidas preventivas urgentes antes de la llegada de un invierno que evidenciará un incremento de las familias que sufren pobreza energética.
Actualmente, en Catalunya, un 10,9 % de los hogares no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada, el doble que en el 2007, mientras un 17% de las viviendas presentan humedades, goteras u otros problemas derivados del mal aislamiento, según el informe 'La energía como derecho. Cómo afrontar la pobreza energética', que este martes ha presentado la Taula del Tercer Sector de Catalunya.
La autora del informe, Joana Mundó, de la entidad Ecoserveis, especializada en pobreza energética, ha instado a considerar la energía como un bien básico, como la alimentación o el agua, y ha denunciado que el encarecimiento del precio de la luz, el gas y los combustibles ha agravado la situación de muchas familias.
Mundó ha pedido que la energía tenga un IVA reducido, como el agua o los alimentos, y que las políticas energéticas se dejen de regir únicamente por consideraciones económicas "ignorando que la energía tiene una importante dimensión social".
En este sentido, ha puesto algunos ejemplos reales como el niño que no puede hacer los deberes escolares cuando anochece porque sus padres no han podido pagar el recibo de la luz o los enfermos crónicos que pasan frío o calor y empeoran su salud.
"El precio de la energía hace que se convierta en un privilegio", ha denunciado Mundó, que ha advertido de que esto provoca que se esté agravando la situación de muchas familias y aumentando las desigualdades.
Según el informe, desde 2007 se ha triplicado el número de familias que destinan más del 10% de sus ingresos a pagar las facturas de energía.
"El acceso y uso sostenible de la energía es un requisito previo para el derecho a una alimentación adecuada (conservación y cocinar alimentos), el derecho a una vivienda digna (condiciones confortables de temperatura e iluminación), el derecho a la salud, el derecho al desarrollo...", según el informe.
El estudio reclama como "paso esencial para luchar contra la pobreza energética, reconocer la energía como derecho fundamental para una vida digna".
También denuncia que "los instrumentos políticos y legales no garantizan el uso y acceso a la energía a un precio justo", y critica que el "sector energético español es poco transparente con el consumidor, está poco diversificado y pocas empresas controlan la mayor parte del mercado".
El director general de la Taula del Tercer Sector, Toni Codina, ha reclamado a la Generalitat que implemente las medidas aprobadas en el pleno monográfico de la pobreza en cuanto a la energía y que no se limite a medidas "correctivas", sino "preventivas, sin abandonar las medidas de choque que se están aplicando, como el pago de facturas de electricidad o gas a las personas que no las pueden pagar".
"Es necesario implementar medidas de choque antes del próximo invierno, cuando se agravará la situación, porque ni el desempleo ni la pobreza se solucionarán a corto plazo", ha abundado Codina.
Entre las medidas que propone el informe figuran mejoras en la eficiencia energética y aislamiento, la promoción y uso racional de la energía, optimizar los servicios contratados y obligar a las compañías suministradoras a ser más transparentes.
Durante el debate posterior a la presentación del informe, algunos representantes de las entidades sociales, como Pablo Cotarelo, de la Alianza contra la Pobreza Energética, o Raquel Carrión, representante de Cáritas de Girona, han criticado que las grandes compañías energéticas tienen grandes beneficios en contraste con las dificultades de muchas familias para pagar sus facturas.
También han denunciado que el consumidor vulnerable no está suficientemente protegido y que los bonos sociales son del todo insuficientes.
