El Ministerio del Interior ha dado un paso más en su intento de dar más protagonismo a las víctimas del terrorismo. En un comunicado, ha anunciado que está trabajando en un proyecto de ley de reforma laboral que pretende que las empresas que contraten a víctimas del terrorismo reciban bonificaciones de entre 600 y 1.500 euros anuales. El incentivo se puede prolongar durante cuatro años. Además, el proyecto pretende facilitar a los damnificados y amenazados el derecho a la movilidad geográfica y a la reducción de jornada.
La principal medida es la fijación de bonificaciones para el empresario que contrate a personas que hayan adquirido la condición legal de víctimas del terrorismo. El incentivo le será descontado al empresario de las cotizaciones por el trabajador a la Seguridad Social. Estas bonificaciones serán de 50 euros al mes (600 euros al año) en contratos temporales, y de 125 euros al mes (1.500 euros al año) para los indefinidos. En los contratos indefinidos, el beneficio puede durar cuatro años, y en los temporales, lo que dure el contrato.
Los beneficios, según la nota del Ministerio del Interior, serán para el cónyuge --o pareja de hecho-- e hijos tanto de fallecidos como de heridos.
Derechos preferentes de las víctimas
Además de las bonificaciones para los empresarios, las víctimas que ya trabajen tendrán derechos preferentes en sus actuales lugares de trabajo, que serán recogidos por ley. Por ejemplo, tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo en otra ciudad. Y además, la víctima del terrorismo dispondrá de seis meses para decidir si se queda con la nueva plaza o regresa a la anterior. Las víctimas del terrorismo también tendrán derecho a la reducción de la jornada de trabajo, o a una reorganización del horario de la misma.
El Ministerio del Interior sostiene que se han tomado todas estas medidas al considerar al colectivo de víctimas como uno con “especiales dificultades”, por lo que deben de ser protegidas a efectos laborales, como ocurre con las víctimas de la violencia sexista.
