La investigación judicial abierta por la supuesta financiación ilegal del PSPV y el Bloc entre 2007 y 2011 analiza varios contratos por un valor cercano a los tres millones de euros que una empresa de comunicación valenciana recibió de varios ministerios del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, informa Efe.

Según consta en documentación de la causa, se analiza el papel que pudo desempeñar en la supuesta financiación ilegal la firma de comunicación Crespo Gomar, adjudicataria también de otros servicios para el PSPV-PSOE o ayuntamientos gobernados por este partido.

Esta firma, supuestamente, trabajó en la organización del congreso regional del PSPV en el que se eligió a Jorge Alarte como secretario general, y también en las campañas municipales de Etelvina Andreu en Alicante y Juan María Calles en Castellón en 2007.

También resultó adjudicataria de servicios de comunicación para los ministerios de Sanidad, Vivienda y Medio Ambiente (a través de Acuamed, Aguas del Júcar y la Confederación Hidrográfica del Júcar) por 2,7 millones de euros entre 2008 y 2009.

La mayor de estas adjudicaciones (2.077.678 euros) fue tramitada por el Ministerio de Sanidad a través de la dirección general de Consumo, dirigida por Etelvina Andreu.

Andreu fue elegida para este cargo por el entonces ministro, el valenciano Bernat Soria, con el que trabajó en el equipo científico que éste dirigía en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).

Crespo Gomar también fue la firma adjudicataria de la campaña de publicidad de la desalinizadora de Torrevieja por parte de la empresa pública Acuamed (perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente que dirigió Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE, entre 2004 y 2008).

REACCIONES / Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, aseguró ayer que, si en el futuro se demuestra que en el partido ha habido «alguna situación irregular, se asumirán las responsabilidades», y pidió que se «clarifique hasta el último de los detalles» sobre la supuesta financiación ilegal del partido.

Puig se pronunció así ayer en declaraciones a los periodistas sobre la investigación que llevan a cabo varios juzgados sobre la supuesta financiación ilegal del PSPV-PSOE y del Bloc entre 2007 y 2011, originada a raíz de una documentación que el PP trasladó a la Policía.

El PSPV-PSOE va a dar «todo el apoyo a la justicia y a la policía» para que «se esclarezca si ha habido algún comportamiento erróneo hace más de una década», indicó Puig, quien destacó que dan «una respuesta nítida» de «tolerancia cero a los comportamientos irregulares y a la corrupción política».

Reiteró que a fecha de hoy la Justicia no se ha dirigido al PSPV-PSOE respecto a un asunto que el PP «ha judicializado»,