Señor Presidente,

Señorías,

Nos encontramos aquí reunidos 350 mujeres y hombres a los que los

españoles nos han encargado que busquemos una solución política. Nos han

pedido que hagamos nuestro trabajo. Nos han confiado la responsabilidad de

hacer frente a los problemas del país. Nos han encargado que,

democráticamente, busquemos un acuerdo mayoritario que nos haga partícipes

de la necesaria solución.

Abrimos por tanto un tiempo de debate, de discusión y, finalmente de votación

democrática. Estoy convencido de que los ciudadanos que hoy nos escuchan

lo último que desean oír son reproches cruzados, descalificaciones o defensas

cerradas de nuestras siglas, nuestras ideas o nuestros programas. Es tiempo

de cambio, de diálogo y, ojalá, también de acuerdo. Hoy no estamos en

campaña electoral. Es más, los españoles nos han delegado la responsabilidad

de reunirnos aquí para evitar precisamente una nueva campaña electoral.

Esperan de nosotros que seamos capaces de investir un nuevo Presidente del

Gobierno que reactive un período de cambio de la vida política basado en el

entendimiento entre diferentes partidos y distintas ideologías.

Creo que no debemos olvidar en ningún momento que salir de esta sesión sin

un acuerdo significará que hemos hecho mal nuestro trabajo. Que no habremos

cumplido con lo que los ciudadanos nos han pedido. Que no habremos sido

capaces de ser la solución.

El pasado 20 de diciembre, ninguna fuerza por sí sola obtuvo los votos

necesarios para formar Gobierno. No es la primera vez que esto ocurre. Sin

embargo, sí es la primera vez que el segundo partido en votos y escaños ha

tenido que asumir la responsabilidad de proponer un Gobierno al Congreso de

los Diputados. Una tarea por la que el Grupo Socialista, y yo personalmente

como candidato a la Presidencia del Gobierno, nos sentimos

responsabilizados, agradecidos y honrados.

Ocurre así porque la primera fuerza política declinó la responsabilidad que el

Jefe del Estado, le había encomendado. Consideró de antemano que no iba a

ser capaz de conseguir reunir los votos suficientes. Lo cierto es que en las

elecciones ninguno de los partidos los hemos obtenido, si tenemos en cuenta

los escaños alcanzados.

Así que si estoy aquí, si estamos todos aquí celebrando este pleno de

investidura, es porque no entendí el encargo del Rey Felipe VI como una

invitación que pudiera rehuir, sino como un deber ineludible.

Señorías, cuando nadie tiene la mayoría por sí solo, únicamente hay un

camino: el del entendimiento. Estoy convencido de que, desde ahora, y durante

mucho tiempo, no habrá otra victoria política posible que el acuerdo. Por lograr

ese acuerdo venimos trabajando desde que hace un mes aceptamos la

solicitud del Jefe del Estado.

Ese día, los socialistas resolvimos una disyuntiva. Teníamos dos únicas

alternativas: o declinar el ofrecimiento del Rey escapando de toda

responsabilidad; o asumir el reto de comprometernos a hacer todo lo que esté

en nuestras manos por conseguir un acuerdo mayoritario entre diferentes

partidos. En otras palabras, o mantener la situación de bloqueo de nuestras

instituciones o asumir la responsabilidad de volver a poner en marcha el

funcionamiento de nuestro sistema democrático.

Hace cuatro años, las urnas dieron una mayoría absoluta a un partido.

Entonces, esa fue la apuesta de buena parte de los ciudadanos para resolver

los problemas a los que nos enfrentábamos. Quien recibió esa confianza de los

ciudadanos, decidió gobernar imponiendo su absoluta mayoría hasta convertir

su toma de decisiones en absolutista. Durante 4 años, en esta cámara se ha

prescindido del diálogo y del acuerdo con las diferentes fuerzas políticas. Hoy,

en esta Cámara, hay una amplia mayoría que defiende, desde diferentes

sensibilidades, un cambio de Gobierno, un cambio de las políticas que se han

impuesto y un cambio en las formas de Gobernar.

Creo, sinceramente, que para millones de españoles un cambio en el

funcionamiento de la vida política es que entendamos en este Parlamento que

se acaben las imposiciones, que se acaben los frentismos. Que abramos

puertas y ventanas, para permitir que los ciudadanos puedan participar de la

vida política y para que nuestro trabajo esté siempre centrado en la eficacia y

marcado por la transparencia. Para que reconozcamos los problemas reales de

los ciudadanos y aportemos las soluciones indispensables. Creo que ese es el

cambio que necesitamos. Y ese es el cambio que me ilusiona promover.

Pero es evidente que cambiar significa moverse. Salir de la situación en la que

nos encontramos. Pero hay que tenerlo claro, no podemos ir desde donde

estamos hoy, hasta donde queremos llegar, con el simple anhelo de hacerlo

realidad.

La mayoría de los españoles, a los que representamos y para los que

trabajamos, nos ha facilitado un sólido vehículo para movernos y para

desplazarnos, con un mandato claro: el cambio. Abandonemos las políticas del

Sr. Rajoy y del PP. Ese vehículo se llama acuerdo y el combustible que hace

que se mueva es el diálogo. El vehículo del acuerdo se paraliza con las

imposiciones, con el chantaje y con el abandono de la mesa de negociación.

Pero el vehículo del acuerdo se acelera con la capacidad de ceder, con el

espíritu del entendimiento y, sobre todo, con la ilusión por el cambio. No nos

vale la imposición, el chantaje y el abandono; Necesitamos ceder, entendernos

y, sobre todo, ilusionarnos por el cambio.

Encastillarnos en nuestras posiciones no puede ser una alternativa. Equivale a

que no pase nada. Bloquear los acuerdos posibles significa seguir donde

estamos. No olvidemos nuestro mandato: El cambio. Necesitamos avanzar.

Algunas etapas del cambio podemos realizarlas a velocidad de vértigo. En todo

lo que estamos de acuerdo, podemos llevarlo a cabo de inmediato. Ya. Y en

todo lo que discrepamos, salgamos de donde estamos y avancemos a la

velocidad que sea posible, pero avancemos.

Los españoles no se merecen que esta Cámara persista en más errores. En el

error de creer que sólo el que obtiene el mayor número de votos, está

legitimado por los ciudadanos para asumir la responsabilidad de gobernar

España. La minoría mayor, no es una mayoría. No caigamos en el error de

creer en que si ninguno tenemos los votos suficientes para gobernar en

solitario, nuestro único compromiso es hacer oposición.

Para nosotros es una evidencia palmaria que la voluntad mayoritaria de la

sociedad española es una voluntad de cambio. Lo que no significa que

debamos olvidar a los más de siete millones de electores que votaron al Partido

Popular, ni a sus representantes. Todo lo contrario. Con el Partido Popular no

podemos promover un cambio de Gobierno y, mucho menos, un Gobierno de

cambio. Pero nuestra propuesta es la de tender la mano al grupo popular para

dialogar y acordar sobre los grandes asuntos de Estado: la integridad territorial,

la reforma constitucional y la unidad de los demócratas frente al terrorismo. Y

esperamos que actúen con la misma lealtad, que otros hemos ejercido desde la

oposición. También, el Gobierno de cambio que promovemos tenderá la mano

para reconstruir pactos rotos como el Pacto de Toledo o conseguir, por fin, un

pacto educativo.

Pero, Señorías, dieciocho millones de españoles y españoles votaron por la no

continuidad del actual Gobierno. Dieciocho millones de españoles esperan un

Gobierno distinto, que repare las consecuencias de los errores que se han

cometido y abra camino a otras, y mejores, políticas.

Ahora bien ¿Si la mayoría de los españoles y de diputados de esta Cámara

quiere un cambio de Gobierno, por qué no lo llevamos adelante? Tenemos sólo

dos alternativas. O no hacer nada y dejar al Sr. Rajoy y su Gobierno en

funciones durante los próximos meses, o apostar por un cambio nacido del

diálogo y del acuerdo. Sólo hay dos opciones. A esta Cámara le toca decidir

qué postura tomar. Nos quedamos parados o nos ponemos en marcha.

Señorías, les pido su confianza para construir un Gobierno del cambio. Me

ofrezco a presidir el Gobierno del bien común, basado en dos principios, el bien

general y el sentido común. Porque España necesita con urgencia un

Gobierno. España necesita con urgencia un cambio. Y España necesita con

urgencia un acuerdo político para llevarlo a cabo.

Se justificaría perpetuar el actual bloqueo, con el Sr. Rajoy como presidente del

Gobierno, si hubiera un amplio desacuerdo político y social sobre lo que

España necesita. No es el caso. Existe un amplio acuerdo sobre los cambios

que queremos en materia de regeneración democrática, reconstrucción del

Estado del Bienestar, reactivación y modernización económica, creación de

empleo con derechos y lucha contra la dualidad del mercado laboral, o el

combate sin cuartel contra la corrupción. Tenemos encima de la mesa una

larga serie de políticas de cambio, aceptadas por la amplia mayoría para

hacerlas realidad.

Sepan que el grupo parlamentario socialista no exige nada, no aspira a

imponer nada, no tenemos líneas rojas, tan sólo firmes convicciones.

Ofrecemos gobernar mediante pactos que cuenten con el mayor respaldo

parlamentario posible. Ofrezco un Gobierno que ponga en marcha todo en lo

que estamos de acuerdo la mayoría. Ofrezco un Gobierno que traiga a este

Parlamento todo aquello en lo que discrepamos, para que lo discutamos y

llevemos adelante lo que la mayoría decida. No ofrezco un Gobierno frente a

todos, sino un Gobierno progresista y reformista, aliado con todos los que

deseen el cambio.

Señorías, mi grupo parlamentario cuenta con noventa escaños. Es evidente

que no tiene sentido exigir a las demás fuerzas del cambio, que apoyen el

100% de nuestro programa electoral. Tampoco tendría sentido que otras

fuerzas con representación aún menor exija que se cumpla el suyo

exclusivamente. Por tanto, el reto al que nos enfrentamos es muy claro:

¿Queremos un cambio de Gobierno basado en el acuerdo, sí o no?

Si es que sí, el diálogo y la colaboración dejan de ser una recomendación para

ser una imprescindible obligación. Un cambio desde el diálogo que en esta

Cámara a algunos puede resultar extraño, pero que fuera, en el día a día de la

sociedad a la que representamos, es la norma habitual.

En la anterior legislatura, bajo el discurso de haber vivido por encima de sus

posibilidades, el Gobierno hoy en funciones pidió a los españoles hacer un

sacrificio. Recibimos muy poco a cambio, y muchos de nuestros conciudadanos

pasaron a vivir por debajo de sus mínimas necesidades.

A pesar de ello, o quizá precisamente por ello, los ciudadanos han dado un

ejemplo de cooperación los unos con los otros. Los pensionistas han sido el

hogar de sus familiares desahuciados, el salario de sus hijos parados, la

escuela infantil de sus nietos y nietas. Los padres y madres ahorran de su corto

salario para ayudar a su hijo o hija emigrado. Los familiares de personas

dependientes, en su mayoría mujeres, han llegado a renunciar a su empleo

para ayudar a su ser querido, mientras su Gobierno recortaba sus prestaciones

o les negaba la Seguridad Social. Empresarios y trabajadores se aprietan el

cinturón, para conservar el empleo y mantener a flote la empresa.

Profesionales sanitarios, maestros y maestras, trabajadores y trabajadoras

sociales, jóvenes y veteranos científicos, hombres y mujeres de la cultura,

trabajadores autónomos, asociaciones feministas, colectivos antidesahucios,

voluntarios y profesionales del Tercer Sector, funcionarios del Estado…

millones de españoles y españolas han cooperado entre sí para sostener sus

pequeñas empresas y negocios, para defender nuestra industria cultural o

nuestro patrimonio medioambiental, para seguir construyendo una sociedad

accesible a las personas con discapacidad, y para sostener, frente a los

indiscriminados recortes y masivas subidas de impuestos, nuestro bien más

preciado: la cohesión social. La igualdad. Nuestro Estado del Bienestar.

Ahora son los ciudadanos los que nos piden a los partidos políticos, no un

sacrificio, sino nuestra colaboración, nuestro compromiso.

Un compromiso por el diálogo y el acuerdo, un compromiso para que

aceptemos que una cesión no es una derrota, sino un puente hacia el

entendimiento.

Señorías,

Tenemos la oportunidad de desterrar de la vida pública el insulto, la

descalificación, el discurso del miedo que atenaza y fractura. Tenemos la

posibilidad de abrir un tiempo de tolerancia y respeto que permita un diálogo

fructífero entre todos.

Podemos conseguir hacer realidad lo que dijo Fernando de los Ríos: la única

revolución pendiente es la revolución del respeto. Tenemos la oportunidad de

ponernos de acuerdo y construir la España que queremos, una España en la

que quepamos todos y todas.

Porque todos los ciudadanos deben tener cabida en el proyecto de cambio,

independientemente de su edad o condición, de su ideología, su lugar de

nacimiento y del partido al que hayan votado.

Los diputados y diputadas del Partido Socialista sabemos que no tenemos una

mayoría parlamentaria suficiente para gobernar en solitario. Los militantes del

PSOE, nuestros simpatizantes y nuestros votantes lo saben. En el Grupo

parlamentario socialista sabemos que no podemos imponer nuestro programa

electoral. Pero sí que creemos profundamente que podemos defenderlo con

firmeza, línea a línea, y luchar por llegar siempre un poco más allá de hasta

donde sea posible.

Creo, de corazón, que en esta hora es crucial para quienes tenemos diferentes

ideas, comprometernos en una causa común: nuestra patria, España.

Una España que es más que un territorio, más que un lugar en la ancha

geografía del mundo. Una España que es una idea de igualdad, libertad y

fraternidad, una forma de convivir unidos en nuestra diversidad. Esta es la

causa a la que estamos convocados.

Así que, entre todos, tendremos que buscar un camino que sortee dos

decepciones, la de quienes quieren que todo permanezca igual y la de quienes

quieren que, a partir de ahora, nada sea igual.

Y estoy convencido de que en ese camino podemos encontrarnos,

acompañarnos y ayudarnos, una gran mayoría de españoles, incluidos, por

supuesto, quienes no apoyen, en este momento, mi investidura.

Si queremos el cambio, necesitaremos el diálogo y, sólo así, obtendremos el

acuerdo. Esa es la hoja de ruta de un Gobierno del bien común: Cambio,

diálogo y acuerdo.

El camino que proponemos creemos que es el que mejor representa la

voluntad de los ciudadanos. Los españoles han apoyado un tiempo nuevo en el

fondo y en las formas. En el fondo, en busca de un Gobierno no partidista, no

con una visión unitaria y parcial de la realidad. Y en las formas, un Gobierno

basado en el diálogo y el entendimiento, no en la imposición.

Pero entendamos algo con toda claridad. El camino que proponemos, el de un

Gobierno apoyado desde diferentes fuerzas, con diferentes ideologías, pero

que compartan la idea de convivir en un amplio territorio común, además de ser

el que mejor representa lo que la sociedad demanda, es el único camino

posible. No hay otra alternativa. Es la mejor opción, pero, además, es la única

posible. Resultará muy difícil explicarles a los españoles por qué no somos

capaces de llevarlo adelante.

Estos días, se han defendido desde ambos extremos de la cámara dos

modelos que son irrealizables. Ambos eso sí, necesitarían siempre del PSOE

para hacerse posible. La complicada aritmética parlamentaria tiene un dato

incontestable. Cualquier fórmula de Gobierno pasa por la implicación del

Partido Socialista. Somos 90 diputados. Ni más, ni menos. Pero, por nuestra

posición ideológica, somos la piedra angular de nuestro actual sistema político.

Cualquier solución de Gobierno pasa inevitablemente por nuestra participación

directa. Somos plenamente conscientes. Por eso consideramos que es una

irresponsabilidad cruzarnos de brazos. Y por eso nos hemos puesto en

marcha.

Desde el Gobierno en funciones se nos pide una gran coalición. Y hemos dicho

que con el Sr. Rajoy y con las políticas que defiende el PP no podemos pactar.

Porque nuestro único objetivo es el ayudar a la conformación de un Gobierno

de cambio. Desde el PP se insiste una y otra vez en que ni el candidato, ni sus

políticas son negociables, que no se va a cambiar nada ¿Cómo vamos a

sentarnos a negociar entonces sobre la base de que lo que queremos cambiar

es innegociable?

Desde el otro lado de la cámara se nos ofrece una coalición para la

conformación de un Gobierno de izquierdas. Es evidente que se ha creado una

falsa esperanza. Vamos a hablar claro. A muchos votantes socialistas, nada les

gustaría más que un Gobierno que aglutinara a las principales fuerzas de

izquierda. Y, dicho con todo respeto, creo que a una buena parte de los

votantes de Podemos les ocurre lo mismo. Podemos discutir sobre sillas,

cargos y reparto de poderes para cada uno. Pero es absurdo llegar allí. Que

todos los votantes de izquierdas de este país lo sepan. No hay mayoría

suficiente en este Parlamento para sumar un Gobierno de izquierdas. No suma.

La izquierda no ha conseguido en estas elecciones el número de diputados

suficiente para conformar un Gobierno de un único color político.

Ahora bien, quienes realmente han conseguido una amplísima mayoría

parlamentaria son las fuerzas del cambio. Diferentes partidos con un amplísimo

margen de posible entendimiento. Y con evidentes aspectos en los que hay

significativos desacuerdos.

Así que ¿Por qué no hacemos un Gobierno que haga efectivo lo que nos une a

la mayoría de los 350 aquí presentes? ¿Por qué no nos unimos para hacer un

Gobierno del cambio? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para aprobar

cuantas normas sean posibles para resolver los problemas más acuciantes de

los españoles? ¿Por qué no votamos juntos a favor de todo en lo que estamos

de acuerdo? ¿Dónde está el problema?

Supongo que habrá quien plantee que la dificultad no está en lo que nos une,

aunque sea mucho, sino en lo que nos separa. Pienso honestamente que, si

creemos realmente en la democracia, si somos auténticamente demócratas, las

diferencias entre ideologías no pueden ser nunca un problema. La diferencia,

en democracia, debe ser objeto de debate, de diálogo, pero nunca de

confrontación. Nunca de ruptura. En democracia, cuando se está de acuerdo

se vota conjuntamente. Cuando hay desacuerdo se debate, se discute, se

negocia y se acuerda. Y si finalmente el diálogo no llega a buen término, cada

uno vota aquello en lo que cree y todos juntos entienden que el resultado de la

votación es legítimo y justo.

Esto no significa renunciar a nada. No significa traicionar a nadie. Significa que

sabemos vivir en una sociedad democrática. Que sabemos entender el valor de

las diferencias. Que consideramos que el contraste de pareceres es

enriquecedor. Que aceptamos que vivir es convivir.

La democracia funciona. Nada es definitivo. El poder tampoco. El poder en

democracia es una concesión temporal que nos dan los ciudadanos. No es una

propiedad, Sr. Rajoy. Tampoco es una conquista. El Gobierno saliente del PP

nos ha mostrado que no hay nada más débil que el ejercicio del poder basado

en la soberbia y la imposición. Por eso están donde están. En democracia,

nada es más fuerte que el ejercicio del poder desde la humildad y el

entendimiento.

Por eso defiendo un Gobierno del Bien Común. Basado en el bien general y en

el sentido común. Un Gobierno basado en la humildad y en la ambición. La

humildad de representar a una minoría parlamentaria y la ambición de aspirar a

conseguir un acuerdo mayoritario por el cambio del Gobierno y de la forma de

gobernar.

Tenemos ante nosotros la posibilidad de alcanzar un Gobierno del cambio, que

cambien el fondo y las formas de gobernar. Donde el bien general y el sentido

común esté por encima de las siglas y las ideologías. Donde la mayoría sea el

resultado de la unión de minorías diversas.

Paradojas del destino, Señorías, podemos construir un nuevo Gobierno,

podemos configurar una nueva forma de hacer política. Y ahora, estamos

descubriendo que para llegar ahí también hay que cambiar la manera de

alcanzar el Gobierno. Y esa nueva forma se configura a partir del diálogo, no

de la imposición. Se modela a partir del acuerdo, no del asalto.

En realidad, la actual configuración de la cámara no es una aritmética

imposible; no es un puzzle irresoluble. Todo lo contrario. Quien lo vea así, está

leyendo mal los datos. La actual configuración parlamentaria es el reflejo

exacto, casi milimétrico de lo que los españoles desean fervientemente.

Hay que dejar atrás el modelo anterior obsoleto y anacrónico. El actual

Parlamento imposibilita lo que los españoles no quieren que pase. Que dos

fuerzas de la misma ideología se unan para formar un Gobierno que sólo

represente a poco más de la mitad de nuestro país. Eso es imposible. No hay

una suma posible sólo con partidos de la misma ideología. Estamos obligados

a mezclarnos. Tenemos que hacer mestizaje ideológico. Tenemos que hacerlo

bien. Y descubriremos que el mestizaje enriquece; mientras la uniformidad,

empobrece. Que el diálogo, abre la mente; mientras que la obcecación, la

cierra. Y que el acuerdo, gratifica, mientras que la imposición, empequeñece.

¿Significa todo esto que tenemos que renunciar a nuestras creencias? Todo lo

contrario. Cuanto más profundas sean, más sólidos serán nuestros

argumentos. Cuanto más firmes sean nuestras convicciones, mayor peso

tendrán nuestras propuestas. Los maestros de la alta cocina, y de eso sí que

sabemos en España, nos enseñan que los sabores auténticos son los que

mejor se entremezclan. Nada aporta a un plato un condimento que no sabe a

nada. La excelencia de un plato sublime es que se reconocen las esencias de

cada elemento, que dan como resultado la armonía, la variedad y el contraste.

Por eso, los socialistas hoy defendemos que no tenemos líneas rojas. Lo que sí

tenemos son firmes convicciones. Esas convicciones son la base de lo que

ofrecemos al resto de los partidos. Esa es la parte más sencilla de las

negociaciones. Todos los españoles saben lo que los socialistas defendemos.

Frente a los que promueven la división de nuestros territorios, defendemos el

valor de la unidad y la solidaridad; frente a los que favorecen la desigualdad y

la injusticia; defendemos la protección de los derechos y la igualdad de

oportunidades; frente a los que facilitan y amparan la corrupción, defendemos

la persecución y el castigo para los corruptos y los corruptores.

¿Qué hacemos entonces? El Partido Socialista lo tiene claro. Tras el

escapismo del Sr. Rajoy (el mismo que ha caracterizado sus 4 años de

Gobierno) el PSOE tenía que elegir: o contribuir al desgobierno y a la falta de

compromiso con nuestro país; o dar un paso adelante e intentar conformar una

mayoría que afronte los cambios urgentes que los españoles desean.

España necesita un buen Gobierno. Llevamos demasiados años sufriendo un

mal Gobierno, que gobierna solo y frente a todos. Mi compromiso es liderar un

Gobierno del bien común, que base su fuerza en el diálogo y el acuerdo.

Nosotros apostamos por un cambio que una a la sociedad en torno a un

proyecto político que resulte aceptable más allá de los límites de cada uno de

nuestros electorados. Y que precisamente por eso, por abrirse a tantos y tan

diversos, sea un proyecto político ilusionante.

Esta es la esencia del acuerdo que hemos firmado con el grupo parlamentario

de Ciudadanos. A todos ellos y ellas, en especial a su presidente, el Sr. Rivera,

les doy públicamente las gracias por su valentía y coraje. Agradecimiento que

hago extensivo a mi propio grupo, al grupo parlamentario socialista.

Llevan razón los que dicen que el acuerdo del PSOE y Ciudadanos no es

suficiente en escaños. Es evidente. Pero el acuerdo es el indispensable

principio de la solución. Para ir cualquier parte, hay que levantarse y dar un

primer paso. Eso es lo que hemos hecho. Es la prueba de que dos grupos

políticos con ideología y programas diferentes pueden buscar puntos de

entendimiento. Ni estamos de acuerdo con el programa de Ciudadanos, ni

Ciudadanos con el del PSOE. Quedó claro en la campaña electoral. Pero

hemos acordado hasta 200 puntos en los que podemos encontrar un territorio

compartido. Es un acuerdo negociado. No es el programa de Ciudadanos, ni el

del PSOE. Y, fruto del diálogo, también hemos puesto de manifiesto distintos

asuntos en los que discrepamos. Gracias al dialogo, sabemos cuáles son esas

diferencias y hemos pactado una posición desde la que arrancar. Hasta la peor

de las medidas propuestas en nuestro acuerdo es mejor que donde estamos

con el actual Gobierno saliente.

Un acuerdo, Señorías, que representa a más de nueve millones de españoles y

españolas de opciones diferentes. Un acuerdo que no confronta sino que

convoca a la mayoría de españoles. Un acuerdo abierto al encuentro de otras

formaciones que no se resignan, que sueñan con cambiar el rumbo del país.

Un acuerdo que ofrece una salida centrada al atasco político que vive España.

Un acuerdo que ofrece soluciones a los principales problemas y demandas de

los españoles. Un acuerdo lleno de esperanza en un futuro mejor para todos,

lejos de verdades inamovibles, de planteamientos utópicos y de fórmulas

mágicas. Un acuerdo que además de proponer un conjunto coherente de

medidas para la reforma progresista de España, muestran una forma de hacer

que ya es en sí misma una reforma de nuestra vida política.

El acuerdo presenta soluciones a los cinco grandes desafíos que hoy

componen nuestra realidad, y cuya solución marcará el futuro del país: el

empleo, la desigualdad, la regeneración democrática y el combate contra la

corrupción, el papel que España debe tener en la Unión Europea y en el

mundo, y resolver la crisis de convivencia que se sufre en Cataluña.

Cinco desafíos que enfrentaremos con trabajo y tesón, y que requieren de

diálogo con la sociedad, con los agentes sociales y entre las fuerzas

parlamentarias. Cinco desafíos que necesitan soluciones, algunas muy

urgentes, Señorías, soluciones en las que, cuando la voluntad de unión y

cambio es cierta, no cuesta encontrar un entendimiento. Con generosidad, sin

visiones miopes, en busca de acuerdos duraderos que sienten las bases de

una España mejor.

Señorías,

Pasan los años y en la agenda de la sociedad española sigue pendiente el

desafío en el que debemos volcar todas nuestras fuerzas: la creación de

empleo.

Más de cuatro millones de españoles buscan empleo y no lo encuentran. Dos

millones desde hace más de dos años. La falta de oportunidades hace que

nuestros jóvenes emigren o tengan empleos precarios en sectores ajenos a su

formación. Las mujeres sufren la desigualdad salarial, el paro o la jornada

doble en la oficina y en el hogar. Las personas con discapacidad han visto

recortadas sus opciones de acceso al mundo laboral. Los jóvenes de 40 años

ya son considerados viejos en el mercado de trabajo, y los mayores de 50

corren el riesgo de la prejubilación o el paro de larga duración. Quienes tienen

empleo cobran menos salario pero trabajan más horas. Los contratos estables

dieron paso a empleos por horas. Y los autónomos ven cómo sus cotizaciones

se comen la mitad de su sueldo, sin que ello les garantice una protección social

digna.

No tener empleo es algo peor que no tener una fuente de ingresos. No tener

trabajo es carecer de una fuente esencial de autoestima y de seguridad

personal y familiar.

El paro no sólo hace vulnerable a cada persona parada en particular, el paro

hace vulnerable a España en sí misma. Con un paro como el que sufrimos hay

muchos ciudadanos en riesgo de exclusión social, las redes de protección

social se han debilitado, y la sociedad es más vulnerable al abuso organizado

de los más fuertes.

Cuando los organismos internacionales dicen que deberemos esperar una

década para reabsorber el paro actual, nuestra respuesta no puede ser echarle

la culpa al de antes o al de ahora, resignarnos y mirar hacia otro lado.

Si tenemos estas tasas de paro es porque nuestro modelo productivo se

sostiene sobre sectores muy vulnerables al desempleo en caso de crisis y por

una escasa productividad, una baja competitividad.

Si algo nos enseñó la crisis es que no hay nada más político que la economía.

Porque es en la economía donde se traza la raya entre ganadores y

perdedores. Donde se decide qué tipo de relaciones laborales existen entre

trabajador y empresario. Donde se decide qué impuestos se pagan y quién los

paga. Donde se decide el uso o mal uso de nuestros recursos naturales.

La economía no puede ser ajena a la política, y la política no puede ser ajena a

la prosperidad de la ciudadanía. Por desgracia, eso es lo que hemos visto en

los últimos años en los que se han aplicado políticas tan crueles como

ineficaces, eso sí, siempre bajo la bandera de la austeridad. Bandera, por

cierto, que siempre enarbolan los que nunca fueron austeros a costa de

quienes siempre lo fueron por necesidad.

Señorías,

Tener en torno a cinco millones de parados, con la economía creciendo al 3%,

es la mejor prueba del fracaso de una política económica y laboral. De la

misma manera, un déficit del 5% del PIB, con una deuda pública que roza el

100% del PIB, son la mejor prueba del fracaso de una política presupuestaria y

fiscal.

Estos días hemos conocido que la Comisión Europea llama la atención al

Gobierno en funciones sobre ambos aspectos, a la vez que anuncia posibles

sanciones por el incumplimiento de los compromisos de déficit. Es decir,

Europa nos va a sancionar a todos los españoles por culpa de la rebaja fiscal

electoralista e injusta que hizo usted, señor Rajoy, antes de las elecciones. Los

españoles vamos así a pagar dos veces el hecho de que usted antepusiera los

intereses de su partido sobre los interese generales.

Ese es el tipo de actitud que queremos desterrar de nuestra vida política

mediante compromisos como los que hoy presento aquí, que buscan situar los

intereses de la gente por delante del egoísmo de partido.

Consolidar una recuperación económica sostenible y más justa, que beneficie a

la mayoría, exigirá de la unión de todos: Gobiernos e instituciones, trabajadores

y emprendedores, empresas y economía social, científicos y universidades.

Y requiere de tres compromisos.

El primero de ellos consiste en un cambio de modelo de crecimiento basado en

la innovación y la mejora de la productividad, un modelo que nos permita

competir, no haciendo las cosas más baratas sino haciéndolas mejor, con más

valor añadido.

Las políticas del gobierno conservador nos han llevado a un modelo

competitivo basado en costes laborales baratos. Ese ha sido el sentido

económico de una reforma laboral que desprotege de derechos a los

trabajadores, reduce la capacidad negociadora de sus representantes e

incrementa la discrecionalidad de los empresarios para alterar de forma

unilateral las condiciones contractuales.

Tenemos que impulsar un nuevo modelo de crecimiento inclusivo,

medioambientalmente sostenible y fundamentado en la productividad, la

estabilidad presupuestaria y un sistema fiscal justo y suficiente como

proponemos, precisamente, en el Acuerdo que sustenta mi propuesta de

Gobierno.

En este sentido, implementaremos medidas para mejorar la competencia en los

mercados, fortalecer el gobierno corporativo y a favor de una economía

inclusiva. Promocionaremos e incentivaremos fiscalmente la economía social,

con reformas de la Ley de Cooperativas y de la Ley de Mecenazgo.

Promoveremos medidas en defensa de los consumidores, en especial de los

de productos financieros y de los más vulnerables, a través de un nuevo

Código de Consumo y de una Ley de Segunda Oportunidad. Por razones

obvias de justicia pero también porque contribuirá a una economía más

competitiva y participativa.

Medidas también para reforzar el gobierno corporativo de las empresas que

refuercen los mecanismos de control sobre los gestores, que hagan

transparentes la remuneración de los altos directivos y consejeros y que

incorporen fórmulas de mayor representación de los trabajadores.

El segundo compromiso con una recuperación justa, Señorías, consiste en una

transición energética que combata firmemente el cambio climático. Con un

objetivo último: alcanzar un sistema energético eficiente, innovador y

sostenible, que siente las bases para un sector eléctrico más autosuficiente,

basado en las energías renovables, en 2050. Y también una reducción de

emisiones de CO2 compatible con los recientes compromisos de París.

Para ello proponemos un Pacto de Estado de la Energía, un pacto abierto a

todos, Señorías. Proponemos el cierre progresivo de las centrales nucleares al

cumplir 40 años de vida útil y no permitir prácticas lesivas para el entorno como

el fracking. Perseguimos el objetivo de crear ciudades resilientes y con cero

emisiones y, en el ámbito rural, prohibir el cambio de uso en el suelo de zonas

forestales incendiadas y recuperar y desarrollar la ley de Patrimonio Natural y

Protección de la diversidad de 2007.

El medio rural es nuestro mayor yacimiento de recursos naturales, supone el

90% del territorio y el 25% de la población y sustenta en gran medida un sector

agroalimentario que genera más de 1,3 millones de empleos.

Sin embargo nuestros pueblos siguen envejeciendo, hundidos en una sangría

migratoria que conduce al país al abandono de su territorio.

La Política Rural tiene que adquirir el rango de Política de Estado. No podemos

permitir que una parte importante de la población sea considerada como

ciudadanos de segunda. Eso ha sucedido en los últimos cuatro años, al

privarles de la atención sanitaria en los pueblos, al cerrar los centros

educativos rurales o suprimir el transporte escolar.

Vamos a impulsar una política agraria, pesquera y de desarrollo rural

comprometida, con financiación, y vamos a prestar un apoyo decidido a la

industria agroalimentaria, con el objetivo de equilibrar la cadena alimentaria

repartiendo justamente esfuerzos y beneficios.

Apostamos por una gestión sostenible y eficiente del agua que recupere su

consideración como un derecho así como un bien ambiental, integrando este

principio en la planificación hidrológica. Impulsaremos la economía circular con

el objetivo del vertido cero, el fomento del ecodiseño y la concienciación y

sensibilización de la ciudadanía.

Nos comprometemos a proteger nuestras costas y nuestros espacios marinos,

frente a una modificación de la Ley de Costas del Gobierno popular que habla

de negocios, no de medio ambiente. Una ley que es una apuesta por el recorte

del bien público y el avance de la privatización del patrimonio de todos, y que

deja nuestras costas más vulnerables que nunca frente a los efectos del

cambio climático.

El tercer compromiso con una recuperación justa es el fortalecimiento de la

estabilidad presupuestaria, mediante un cambio radical en la orientación de las

políticas de reducción del déficit público, con tres medidas que asumo:

− negociar con Bruselas un nuevo calendario que gradúe el ritmo de

reducción;

− renunciar a que el ajuste se haga recortando más los gastos sociales

− y efectuar una reforma fiscal integral y progresiva que amplíe las bases y

que luche con mayor decisión contra el fraude.

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2016 al final de la

pasada legislatura, ustedes lo saben bien, Señorías, no cumplirán con el

objetivo de déficit acordado con Europa. Como tampoco se han cumplido

durante todos los años anteriores de la legislatura. La Comisión Europea ha

advertido a España que dichos presupuestos presentan una desviación de

unos 10.000 millones de euros.

El nuevo Gobierno que quiero presidir debe iniciar una negociación con

Bruselas para acordar una flexibilización de los objetivos anuales de déficit y

deuda pública, flexibilización que ya se ha acordado para otros países como

Francia, Alemania o Italia.

El objetivo es acordar una senda gradual, realista y equilibrada de

consolidación fiscal a cuatro años que sitúe el déficit en el entorno del 1% en

2019. La misma senda debería permitir colocar el déficit por debajo del 3% en

2017, de forma que España pueda salir del brazo correctivo del Procedimiento

por Déficit Excesivo.

En segundo lugar pondremos en marcha una nueva política presupuestaria que

renuncie a recortar el gasto social. Antes bien, que se compromete a

restaurarlo, en coherencia con nuestra voluntad de incluir como derechos

fundamentales en la Constitución los derechos sociales. Eso significa que

deberemos efectuar una revisión del gasto público para priorizar su eficiencia.

Todo el aparato administrativo del Estado será objeto de una profunda revisión

de su sentido y sus competencias, y un análisis sobre su eficiencia. Y se

suprimirá todo aquello que no supere las dos pruebas anteriores.

En tercer y último lugar, reforma fiscal. Elevaremos la capacidad recaudatoria

de nuestro sistema impositivo para acercarla a la media europea. Para ello,

pondremos en marcha un plan de lucha contra el fraude y la economía

sumergida que incluya la negativa a aprobar nuevas amnistías fiscales y ponga

en marcha una Oficina Nacional de control fiscal de las grandes fortunas.

Reduciremos la carga tributaria de las rentas del trabajo, lo que

compensaremos por otro tipo de rentas y por impuestos mediambientales.

Todo ello figura en el Acuerdo en que se basa mi programa de Gobierno.

Señorías,

Conseguir que la economía crezca de manera sostenible no es suficiente si no

somos capaces de redistribuir los frutos del crecimiento. En este sentido, lo

primero es dar un impulso decidido a una política de creación de empleo

estable y de calidad.

Para ello potenciaremos de manera inmediata la negociación colectiva y el

equilibrio de relaciones laborales en la empresa. Pondremos en marcha el

dialogo social con el objetivo de elaborar un nuevo Estatuto de los

Trabajadores. Y a la vez, suprimiremos aquellos elementos que han hecho de

la Reforma Laboral en vigor la cuna de la precariedad laboral y la

desprotección de los trabajadores.

Cuatro han sido los elementos más nocivos de la última Reforma Laboral:

− la supremacía absoluta del convenio de empresa;

− la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos;

− la capacidad del empresario para abordar alteraciones sustanciales del

contrato laboral de manera unilateral

− y la permisiva regulación del contrato temporal.

Cada una de ellas representa, por sí misma, un importante retroceso de los

derechos de los trabajadores. Pero las cuatro juntas han sido una voladura

incontrolada del equilibrio en las relaciones laborales.

Mi programa de Gobierno deroga estos cuatro aspectos. Y los sustituye por

nuevas disposiciones donde:

− se recuperan los derechos de negociación colectiva de los trabajadores,

− se limitan a dos años la contratación por tiempo determinado, a la vez

que se aumenta la indemnización por despido el segundo año,

− y se establecen mejores incentivos a la conversión de contratos

temporales, en indefinidos.

Nadie cuestiona la necesidad de flexibilidad que tienen nuestras empresas para

adaptarse a realidades cambiantes en un mundo global muy competitivo. Pero

ello debe hacerse de forma negociada con los trabajadores. De otro modo, se

abre la puerta al abuso y a la injusticia de los contratos abusivos y mal

pagados.

En este marco, reduciremos a tres las modalidades de contrato de trabajo: el

actual indefinido, uno estable de duración determinada que sustituya al

temporal y otro de relevo y para la formación. Prohibiremos la cobertura de

puestos de trabajo permanentes con contratos temporales, cuya duración no

podrá exceder dos años, y pondremos en marcha un Plan de Inspección de

Trabajo y Seguridad Social de lucha contra la explotación y precariedad laboral.

Otra prioridad será el impulso continuado de las políticas activas de empleo,

sometidas a evaluación permanente y con un aumento de los presupuestos

destinados a tal efecto. Asimismo queremos dotar de recursos suficientes el

Plan de Garantía Juvenil.

En este sentido, pondremos en marcha un Plan de Choque con dos grandes

objetivos: incorporar al mercado de trabajo en un tiempo razonable a los que

buscan su primer empleo, y evitar la cronificación del paro, reincorporando

cuanto antes a la actividad a los que lo han perdido.

Un Plan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y a la supresión

de muchas de las actuales bonificaciones a la contratación, cuya utilidad ha

sido ampliamente cuestionada por la evidencia.

Señorías,

El segundo gran desafío al que se enfrenta nuestro país es la lucha contra la

desigualdad.

España es el segundo país con mayor desigualdad de la Unión Europea. En los

últimos cuatro años ha aumentado la brecha entre quienes más tienen y los

que menos tienen, también la tasa de pobreza y el número de hogares sin

ningún tipo de ingreso.

El necesario equilibrio social que sustenta toda democracia, ha saltado por los

aires con la aplicación de las políticas derechistas durante estos años de

mayoría más que absoluta, absolutista.

Los españoles han sufrido, como en otros países, una de las mayores crisis de

la historia pero, además, han padecido una política económica regresiva que

ha estimulado la desigualdad en lugar de contrarrestarla. Por eso, han pedido

el cambio con su voto. El cambio de Gobierno y el cambio de políticas. Y eso

es lo que refleja mi programa de investidura.

Si obtengo la confianza mayoritaria de la Cámara, esta será la legislatura de la

igualdad.

Lucharé contra la desigualdad de dos maneras: una, con la inmediata puesta

en marcha de un Plan de Emergencia Social que atienda de manera urgente

las necesidades de numerosos colectivos ajenos a la salida de la crisis. Y dos,

sentando las bases para reconstruir y modernizar nuestro Estado del Bienestar.

El Plan de Emergencia Social establece una serie de medidas como el

reconocimiento de un Ingreso Mínimo Vital para atender la situación de

necesidad de los 750.000 hogares que carecen de todo ingreso económico, así

como el incremento de la prestación por hijo a cargo y la extensión de su

duración con objeto de combatir de forma eficaz la pobreza infantil.

Para reducir el fenómeno de la pobreza laboral pondremos en marcha el

Complemento Salarial Garantizado, y subiremos el Salario Mínimo para

recuperar el poder adquisitivo perdido durante estos últimos cuatro años.

Activaremos un plan de inclusión social de personas sin hogar, aprobaremos

una Ley de lucha contra la pobreza energética e impulsaremos medidas contra

el sobre-endeudamiento y los desahucios.

El Plan de Emergencia Social se completa con la reforma de la ley hipotecaria

para eliminar de forma automática las cláusulas abusivas, el reconocimiento del

derecho de las personas en situación de insolvencia sobrevenida al acceso a

una vivienda de alquiler social, la declaración de la renta activa de inclusión

como inembargable, y la recuperación del subsidio de desempleo para los

parados mayores de 52 años.

Señorías,

Reconstruir y modernizar el Estado de Bienestar es la segunda gran línea de

actuación que nos proponemos en esta legislatura de la igualdad.

La historia del socialismo democrático en nuestro país, al igual que el laborismo

británico o la socialdemocracia alemana es un testimonio vivo por la

construcción del Estado del Bienestar.

Esa realidad, ciertamente hoy en riesgo por los recortes, no surgió

espontáneamente de la nada. Es una conquista política, y a pesar de ocho

años de crisis, y a pesar de quienes durante la pasada legislatura

aprovecharon la crisis como excusa para desmantelar el Estado del Bienestar,

esa conquista la hemos preservado. Y vamos a seguir preservándola.

Nosotros creemos en este Estado del Bienestar, y nuestra preocupación es

recuperarlo, hacerlo económicamente sostenible y, sobre todo, mejorarlo. No

es necesario hacer tabla rasa de nuestro sistema político. Basta con restaurar

algunas cosas que la crisis y ciertas políticas equivocadas han roto. Y

transformar y adecuar otras para que nuestro Estado del Bienestar se adapte a

la España del siglo XXI.

Por eso, porque creemos en el sistema, proponemos medidas en las que nos

podemos encontrar la inmensa mayoría de los diputados y diputadas de esta

Cámara.

Medidas como un Pacto Sanitario que restablezca de inmediato la

universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud. Todas las

personas que vivan en España, sin importar su origen o condición, tienen que

estar incluidas en el sistema.

El Pacto Sanitario recuperará la Tarjeta Sanitaria en los plazos anteriores al

Real Decreto Ley de 2012, reforzará la gestión pública del sistema y

desarrollará la Ley General de Salud Pública como instrumento preferente para

incrementar la salud de los ciudadanos.

En cuanto a las pensiones y su sostenibilidad es fundamental restablecer el

consenso mantenido desde hace casi 20 años alrededor del Pacto de Toledo.

Ya nos pusimos de acuerdo una vez, Señorías. No dudo que podamos hacerlo

de nuevo.

Reconstruir nuestro Estado de Bienestar implica también acabar con la

desigualdad que sufren las personas dependientes, que necesitan la

revitalización de una Ley de Dependencia hoy abandonada, y aprobar un plan

concertado de servicios sociales que permita atender a toda la ciudadanía.

Señorías, no hay mejor manera de invertir en futuro que proteger a la infancia.

Por eso proponemos un nuevo plan estratégico de Infancia y Adolescencia, así

como aprobar una estrategia integral frente a la violencia contra la infancia de

acuerdo.

Procuraremos la inclusión educativa, laboral y social de las personas con

discapacidad, y también la adecuación del diseño de los espacios públicos al

concepto de accesibilidad universal.

En resumen, Plan de Emergencia Social y reconstrucción de nuestro Estado de

Bienestar. Aunque la lucha contra la desigualdad no acaba ahí. España

también es líder en la desigualdad entre hombres y mujeres. Con una brecha

salarial que lejos de reducirse aumenta cada año, hoy una mujer tiene que

trabajar 79 días más al año para ganar lo mismo que un hombre con un trabajo

similar. Aprobaremos una Ley de igualdad salarial para poner remedio a esta

injusticia.

La desigualdad salarial, junto con el menor tiempo de cotización, tiene

consecuencias en las pensiones de las mujeres, un 34% inferiores. Es por

tanto de justicia reconocer a todas las mujeres un bonus de dos años de

cotización a efectos del cálculo de pensiones por cada hijo o hija, nacidos o

adoptados, y de un año adicional a los padres que acrediten haberse hecho

responsables del cuidado de aquellos. Para las mujeres demandantes de

empleo que tengan un hijo y no tengan derecho a la prestación contributiva de

maternidad, desarrollaremos una prestación no contributiva por maternidad de

6 semanas de duración.

En las Administraciones Públicas, garantizaremos el cumplimiento del Plan

Concilia 2005 y de la resolución de 2012 de la Secretaría de Estado de

Administraciones Públicas, que señala que la jornada laboral debe terminar a

las seis de la tarde. En el sector privado, promoveremos la incorporación en la

negociación colectiva de medidas relacionadas con la racionalización de los

tiempos y las jornadas laborales, como los créditos por horas.

Si hablamos de igualdad no debemos olvidarnos de las personas transexuales,

para las que aprobaremos una ley integral.

Como tampoco podemos olvidarnos de la consecución de un Pacto Social y

Político por la Educación, la Ciencia y la Cultura, elementos generadores de

igualdad, prosperidad y justicia social.

Pacto por la Educación que configure la beca como derecho, que universalice

de manera progresiva la oferta pública de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años y

que permita la revisión global y urgente del sistema de formación profesional.

Un Pacto por la Educación que nos incluya a todos a los partidos, a todas las

instituciones, a la comunidad docente, a los estudiantes, y a los padres y

madres. Un pacto, señorías, que en el plazo de seis meses establezca una Ley

de Educación consensuada, fiable y duradera, como demanda la sociedad,

ajena a las alternancias en el poder.

Pacto también por la Ciencia, que impulse la inversión pública en I+D+i civil,

que promueva un Plan Especial para la consolidación del talento científico, que

atraiga talento exterior y que haga posible la vuelta de nuestros investigadores

al encontrar buenas perspectivas en nuestro país. Porque un país que condene

a sus mejores mentes a ganarse la vida fuera de sus fronteras está condenado

al fracaso.

Pacto Social y Político por la Cultura, que haga de la misma una prioridad

política y que recupere el acuerdo y el diálogo con el sector. Rebajaremos el

IVA a las actividades culturales. Elaboraremos una Ley de Mecenazgo y

reformaremos la Ley de Propiedad Intelectual para hacer efectiva la defensa y

protección del creador, y hacerla compatible con el mayor acceso posible al

patrimonio cultural.

También promoveremos iniciativas legales para el reconocimiento de otra gran

riqueza cultural patrimonio de todos los ciudadanos y ciudadanas: la pluralidad

lingüística en España.

Señorías,

En los últimos años, la corrupción ha alcanzado un nivel insoportable, los

escándalos se amontonan hasta convertirse en algo cotidiano.

La democracia tiene un enemigo llamado corrupción. Y ese enemigo debe de

ser común a todos los partidos democráticos.

Demasiadas veces unos y otros hemos cometido el error de pensar, y decir,

que la corrupción es solo un problema del adversario.

Por eso, no caeré en el “y tú más” y volcaré desde el Gobierno todo el esfuerzo

en prevenir, combatir y castigar con contundencia la corrupción, con medidas

donde espero conseguir un amplio apoyo de la Cámara.

Medidas de prevención de la corrupción para el sector público. Revisaremos

los deberes y obligaciones de funcionarios y cargos públicos, incluyendo un

endurecimiento de sus conflictos de intereses e incompatibilidades.

Medidas de prevención en el sector privado, como la regulación de los lobbies,

la anulación de cualquier relación dineraria o contractual obtenida con las

Administraciones Públicas mediante prácticas corruptas, y la exigencia de

restitución e indemnización por daños y perjuicios.

Medidas, también, de represión de la corrupción. Revisaremos los delitos

contra la Administración Pública como la prevaricación, el cohecho o el tráfico

de influencias definiendo mejor las conductas contrarias a la ley y reforzando

las penas privativas de libertad. Rebajaremos la cuantía mínima que da lugar a

penas de prisión en el delito de la financiación ilegal de partidos políticos.

Endureceremos las medidas contra el fraude fiscal, de subvenciones y a la

Seguridad Social. Revisaremos las competencias de la Audiencia Nacional y de

la Fiscalía Anticorrupción. Y prohibiremos la concesión de indulto en delitos

vinculados con la corrupción y la violencia de género.

Señorías,

La regeneración democrática también consiste en mejorar la calidad de las

instituciones e impulsar reformas en el sistema democrático para reforzar

nuestros derechos y libertades.

En ese sentido, me propongo impulsar una auténtica revolución en el

nombramiento de cargos de designación parlamentaria. Desde los miembros

del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo

de Seguridad Nuclear o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, hasta la

elección de la presidencia y el Consejo de Radiotelevisión Española.

En estos y otros casos debe primar la independencia, profesionalidad e

imparcialidad de los candidatos. Lo haremos a través de convocatoria pública,

evaluación de la competencia e idoneidad de los candidatos por un Comité

Asesor de composición profesional, publicidad de los informes de evaluación,

sesiones de audiencia en las comisiones del Parlamento, y aprobación por la

mayoría de las Cámaras competentes.

Me comprometo a llevar también esta revolución al procedimiento de

intervención de las Cámaras en el nombramiento de cargos de designación por

el Gobierno, como el Fiscal General del Estado o el gobernador del Banco de

España.

Nos proponemos reformar el sistema electoral para, entre otras medidas,

mejorar la proporcionalidad y garantizar la paridad, eliminar el voto rogado,

establecer el sistema de listas desbloqueadas, posibilitar de forma efectiva el

voto a las personas con discapacidad que hoy no pueden ejercerlo, y regular

los debates electorales.

Señorías,

Nuestro sistema judicial sufre graves deficiencias estructurales, organizativas,

procesales y presupuestarias. Es necesario impulsar un Pacto de Estado que

nos permita alcanzar, en el medio plazo, la media de los países de referencia

europea en relación con medios personales y materiales de los juzgados y

tribunales.

Nos comprometemos a derogar la prisión permanente revisable, el artículo

315.3 del Código Penal sobre el ejercicio al derecho de huelga, y la reforma de

la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo referido al recorte en los plazos de

instrucción. Suprimiremos también las tasas judiciales para las PYMES.

En relación también a la regeneración democrática, Señorías, aprobaremos

una Ley de participación institucional que permita a los agentes sociales

cumplir con rigor y transparencia su papel constitucional. Reformaremos la Ley

Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, para corregir los

déficits de financiación y garantizar los principios de autonomía, coordinación,

solidaridad e igualdad recogidos en la Constitución. Y derogaremos la Ley de

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para asegurar la

autonomía de las entidades locales y su correcta financiación.

En esta línea, aprobaremos una nueva Ley de Financiación Local y

procederemos a la creación de Consejos provinciales de alcaldes, en

sustitución de las viejas Diputaciones. Es una medida acorde con nuestra

realidad institucional actual y una forma más eficiente de abordar la atención

con los pequeños municipios, para que ningún ciudadano vea mermada su

acceso a los servicios esenciales.

Señorías,

Algunas medidas de regeneración exigen de la reforma constitucional. En este

sentido, los grupos parlamentarios que suscriben el Acuerdo que fundamenta

mi Programa de Gobierno, impulsarán una reforma urgente para acabar con los

aforamientos, limitar a 8 años la presidencia del Gobierno, reducir a 10 el

número de vocales del Consejo General del Poder Judicial, suprimir las

Diputaciones provinciales, y reducir a 250.000 las firmas necesarias para la

presentación en esta Cámara de Iniciativas Legislativas Populares.

Todas ellas, demandas planteadas insistentemente en los últimos años, por lo

que estoy seguro gozarán de amplio respaldo en la Cámara.

Señorías,

El Gobierno que me propongo presidir se planteará como prioridad fortalecer el

sistema de derechos y libertades consagrado en la Constitución, tan

deteriorado durante la pasada legislatura.

Para ello:

- Aprobaremos una Ley que garantice la igualdad de trato y la no

discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión,

convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual,

enfermeda