(Actualización 22.00 h.) Su ático en Marbella, las imágenes en las que se le veía con bolsas de plástico en Cartagena de Indias (Colombia), el espionaje madrileño del PP y las sospechas que en el 'caso Púnica' ya generaba el Canal de Isabel II llevaban tiempo acorralando al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Este miércoles fue detenido por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en un nuevo procedimiento en el que se investiga el desvío de fondos públicos de la empresa de gestión del agua en beneficio propio.

Unas pesquisas que llevaban tiempo fraguándose. Anticorrupción las inició en octubre de 2015, aunque no las judicializó hasta julio del 2016, una vez que el ejecutivo madrileño presidido por Cristina Cifuentes llevó al ministerio público documentación sobre las irregularidades detectadas. Pese a esa actuación contra la gestión de su propio partido, hace apenas un mes la oposición en pleno denunció el quebranto patrimonial que supuso para el Canal de Isabel II la compra de la sociedad Emissao Engenharia e Construçao.

Tras conocer el arresto de González, esa misma oposición amenazó a Cifuentes con una moción de censura, aunque con una rapidez poco frecuente en el PP se procedió a suspenderle de militancia. La que no se ha pronunciado sobre el enésimo golpe judicial al partido de Mariano Rajoy ha sido quien fue jefa de González, Esperanza Aguirre, aunque este jueves podrá remediarlo en el juicio del 'caso Gürtel', donde esta citada como testigo.

La denuncia de los partidos sostenía que la compra de la empresabrasileña se habría llevado a cabo en el 2013 a través de un complejo entramado financiero, cuando González presidía la comunidad y Salvador Victoria, el Canal. Se pagaron 21,4 millones de euros y medio año después su valoración fue de cinco. En su querella, Anticorrupción considera que los hechos imputados son constitutivos de los delitos de organización criminal, prevaricación, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.

UN HERMANO Y EXRESPONSABLES DEL CANAL

Además de a Ignacio González, la Guardia Civil ha detenido en la 'operación Lezo' -llamada así por Blas de Lezo que defendió Cartagena de Indias frente al asedio inglés- a 11 personas. Una es el hermano del expresidente madrileño Pablo González, director de Estrategia y Operaciones de la empresa pública Mercasa, pero al que se vincula con las obras del campo de golf construido en terrenos del Canal de Isabel II adjudicadas a ACS.

También ha sido detenido Edmundo Rodríguez Sobrino, que fue presidente de la filial sudamericana del Canal, Inassa, hasta su destitución al aparecer en los 'papeles de Panamá'. Actualmente es consejero delegado de la editora de 'La Razón'. Otros arrestados han sido la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmon, a una persona en Colombia y otra en Brasil, cuya extradición a España ha sido ya solicitada, y José Martínez Nicolás, exmáximo responsable de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrfid (ICM), y que supone otra conexión entre esta nueva causa y Púnica.

Cuando acabó las diligencias en la Comunidad de Madrid, el juez asistió a la presentación de un libro que acaba de publicar y se refirió a la operación. "Estoy cansadísimo, porque acabo de terminar. Son operaciones complicadas, pero no podemos interrumpir este acto por el trabajo", aseguró.

OPERACIONES COORDINADAS

Este miércoles se produjo un hecho inédito en la Audiencia Nacional: dos jueces se coordinaron para no solaparse y poder desarrollar el mismo día sendas operaciones contra la corrupción. La otra era del juez José de la Mata, que ha imputado a una decena de personas por las irregularidades cometidas en Angola por la empresa pública Mercasa Incatema mediante la construcción de un mercado mayorista en Angola.

Se trata de una pieza separada de Défex, en la que se investiga la venta de armas por esta empresa pública en ese país. Fuentes jurídicas señalaron que en concreto se indaga sobre el contrato de más de 500 millones de dólares firmado en Angola para la construcción del mercado mayorista. Los delitos investigados son corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo y organización criminal.

(9.45 h.) Hacía tiempo que investigaciones judiciales apuntaban al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y al Canal de Isabel II, pero no se llegaban a concretar hasta este miércoles, cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han procedido a su arresto en una operación contra la corrupción en Madrid en la que ya se ha detenido a otras 11 personas y decenas de registros, confirmaron fuentes jurídicas.

La operación policial, que está coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ya había investigado al Canal de Isabel II en el marco de la operación Púnica, partió de la denuncia que el Ejecutivo madrileño, que preside Cristina Cifuentes, denunciara ante la Fiscalía Anticorrupción las irregularidades que había detectado en la compra de una empresa brasileña.

El magistrado ha citado a declarar para hoy mismo a la presidenta madrileña y otras cuatro personas en el procedimiento como testigos. La jefa de gabinete de Cifuentes y directora de comunicación de la Comunidad de Madrid, Marisa González, acudió a declarar pasadas las 12.30 horas. Tanto la presidenta como el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Ángel Garrido, declararán desde la sede del gobierno regional.

Con esa información Anticorrupción, que inició sus pesquisas en 2015, presentó una querella en la Audiencia Nacional en julio de 2016 por los delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.

Según las fuentes consultadas, la investigación se centra en personas vinculadas a la Administración autonómica madrileña anterior y se centra en el desvío de dinero de fondos públicos en beneficio público.

Según la documentación remitida al ministerio público, la compra de Emissao Engenharia e Construccoes se habría llevado a cabo a través de un complejo entramado financiero en octubre del 2013, cuando González presidía la comunidad y Salvador Victoria ejercía la presidencia del Canal. En total, se pagaron 21,4 millones de euros por la firma brasileña. Medio año después, su valoración cayó hasta los 5 millones de euros.

OTROS ARRESTADOS

Entre los detenidos se encuentran el hermano de González, Pablo González, directivo de la empresa pública Mercasa, a quien se relaciona con las obras del campo de golf construido en terrenos del Canal de Isabel II que fueron adjudicadas a ACS, y Edmundo Rodríguez Soriano, expresidente de Inassa, filial sudamericana del Canal, así como su secretaria.

También se ha arrestado a la directora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmon, destituida por Cifuentes a su llegada a la Comunidad de Madrid, y a una persona en Colombia y otra en Brasil, informaron fuentes de la investigación.

Además, las ramificaciones de este nuevo caso de corrupción se extienden al caso Púnica a través de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrfid (ICM), cuyo máximo responsable entonces, José Martínez Nicolás, ya estaba imputado en la primera causa.