El Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears (TSJIB) ha desestimado la recusación planteada por la acusación popular Manos Limpias contra dos de los tres magistrados que por reparto tenían que ver los recursos de apelación presentados contra el auto de cierre de la investigación del 'caso Nóos' y, más en concreto por el de la infanta Cristina de Borbón.

Para Manos Limpìas, Diego Gómez-Reino y Mónica de la Serna estaban contaminados para dictaminar sobre esta causa porque en una anterior ocasión se habían opuesto a una imputación más amplia de la hermana del Rey, planteada por el juez José Castro, que sí secundó el tercer magistrado, Juan Vidal. No obstante, instaron a Castro a que investigara el comportamiento de la hermana del Rey por posibles delitos fiscales y blanqueo de capitales, que se han recogido en el auto final del instructor.

La Sala especial, compuesta por el presidente del TSJIB, Antonio Terrasa, los presidentes de las salas de los Contencioso Administrativo del Tribunal y de los Social, Grabriel Fiol y Francisco Wilhelmi, respectivamente, y por otros tres magistrados del mismo, han acordado devolver a los recusados el conocimiento del 'caso Noos' por considerar que no están cumpliendo la función de enjuiciamiento sobre culpabilidad o inculpabildad de la imputada.

En este sentido, argumentan que los citados magistrados no han conocido de este asunto en una instancia anterior, ya que continúan actuando como órgano de apelación de la instrucción.

Según se explica en el auto, no han opinado sobre los mismos hechos ni sobre las mismas figuras penales. Tampoco cabe hablar, como postula Manos Limpias, de juicio adelantado, toma de postura previa, posicionamientos preconcebidos o enfoque desde un prisma personal.

NO CABE RECURSO

La Sala ha condenado a la acusación popular al pago de costas y no cabe recurso. Este decisión reactiva el proceso judicial del 'caso Noos' que había quedado suspendido por la recusación. Se estima que en un breve plazo, los tres magistrados de la Sala Segunda de la Audiencia de Palma resolverán los recursos y decidirán, entre otras cosas, si la infanta Cristina debe o no sentarse en el banquillo de los acusados.