El abogado Eduardo Ranz ha demandado a los ayuntamientos de Sevilla, Málaga y Nerja por mantener los honores y distinciones concedidos a José Utrera Molina, ministro y vicepresidente en diferentes Gobiernos de Francisco Franco, que falleció el pasado 22 de abril, a los 91 años.

En una nota de prensa, el abogado recuerda que el pasado 25 de abril se presentaron "derechos de petición" a esos tres ayuntamientos para la retirada de los honores y distinciones a Utrera Molina, y, al no obtener respuesta, "transcurridos los tres meses legalmente establecidos", ha optado por interponer recurso contencioso-administrativo contra esos consistorios.

Según explica, mantener los honores y distinciones tras el fallecimiento del homenajeado o distinguido, supone una declaración de lesividad contraria a la jurisprudencia y al Código Civil, puesto que los honores y distinciones despliegan toda su eficacia jurídica durante la vida, cesando los efectos jurídicos con el fallecimiento, y extinguiéndose con la muerte.

Por ello, ha procedido a demandar por vulneración de derechos fundamentales a los ayuntamientos de Sevilla y Málaga, que le concedieron la medalla de oro de la ciudad y el segundo le hizo también hijo predilecto, y al de Nerja por hacer hijo adoptivo a Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

Entre otras condecoraciones, Utrera Molina recibió las Grandes Cruces de Alfonso X el Sabio, del Mérito Civil, Mérito Militar con distintivo blanco y Mérito Agrícola; así como la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.

"CARA AL SOL" EN EL FUNERAL

Para el letrado, que conoció de estos honores por el contenido de la esquela publicada a raíz de su fallecimiento, "independientemente" de estas distinciones, las imágenes que se vieron de su entierro en Nerja (Málaga), durante el que se cantó el himno falangista "Cara al sol", "constituyen un acto de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, lo que vulnera la Ley de Memoria Histórica, agravado por el hecho de observar a un exministro de justicia del gobierno de Rajoy, presente".

Estos hechos fueron denunciados por Podemos Andalucía ante la Fiscalía de Málaga, que finalmente archivó la denuncia el pasado junio, al considerar que en "el contexto en que el acto denunciado tuvo lugar, no puede entenderse que se esté cometiendo un delito de enaltecimiento del genocidio".

Según la Fiscalía, que recordaba además que la Falange Española de las JONS es un partido legalizado en España, el himno fue entonado en un acto eminentemente íntimo, como es el funeral de una persona, por lo que sólo a él va dirigida, como muestra de afecto o respecto y sin que pueda entenderse que hay intención de provocar un clima de odio.