Las organizaciones UGAM-COAG y Ecologistas en Acción Cantabria han acudido a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia contra el ministro de Industria, José Manuel Soria López, quien, según ellos, ha "obstaculizado" una investigación del Defensor del Pueblo relacionada con el 'fracking' en Cantabria, concretamente, dentro del permiso de investigación de hidrocarburos 'Luena'. En un comunicado, UGAM-COAG ha explicado que la denuncia, fechada este mismo viernes, se basa en una serie de hechos que podrían constituir un delito de obstaculización de la investigación del Defensor del Pueblo previsto en el artículo 502.2 del Código Penal.
El origen es una queja planteada ante el Defensor del Pueblo en el año 2013 relacionada con la pretendida utilización de la técnica de fracturación hidráulica o 'fracking' dentro del permiso de investigación de hidrocarburos 'Luena'. Una vez admitida a trámite, el Defensor del Pueblo requirió al Ministerio de Industria que le remitiese información que acreditase, entre otras cuestiones, que existen soluciones técnicas para evitar impactos específicos y no deseados que deriven del uso del 'fracking' de manera que, aplicándolas, el riesgo de contaminación resulte equiparable al que deriva del empleo de técnicas convencionales de explotación de hidrocarburos o de otras técnicas que generen riesgos comparables.
OBSTÁCULOS
Puesto que desde el Ministerio de Industria no se remitía esa información, el Defensor del Pueblo se ha visto obligado a solicitársela nuevamente en otras dos ocasiones (marzo y julio de 2015), tras las cuales sigue sin existir respuesta alguna. Por ello, ambas organizaciones consideran "evidente" que la actuación por parte del Ministerio de Industria está "obstaculizando" la labor investigadora del Defensor del Pueblo, máxime si se tiene en cuenta que, según la ley, "todos los poderes públicos están obligados a auxiliar con carácter preferente y urgente al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones".
DELITO PENAL
De igual manera, el artículo 502 del Código Penal considera delictivo obstaculizar la investigación del Defensor del Pueblo, considerándose como una obstaculización el hecho de dilatar indebidamente los informes que este organismo solicite. UGAM-COAG y Ecologistas en Acción de Cantabria consideran al ministro de Industria "responsable de esta falta de colaboración como máxima autoridad y responsable de dicho organismo". De igual manera, entienden que puedan existir "instrucciones expresas dentro del propio Ministerio de las que se derive esa actuación indebida".
POSICIÓN 'PROFRACKING'
Para llegar a esta conclusión tienen en cuenta las "continuas manifestaciones públicas" que el Ministro de Industria ha venido realizando a favor del uso de la técnica de la fractura hidráulica, a través de la cuales, según ambos colectivos, "se puede observar un interés manifiesto en el desarrollo de la técnica del fracking en España, por el cual podría haber tratado de obstaculizar la investigación del Defensor de Pueblo". Los denunciantes sostienen que el hecho de haber obstaculizado la labor inspectora del Defensor del Pueblo "no es un caso esporádico, pues igualmente ha sucedido en relación con otras investigaciones desarrolladas por esta misma institución cuando se han referido a permisos otorgados por el Ministerio de Industria en los que se encuentra previsto el uso de la fractura hidráulica".
RETRASO EN SORIA
En este sentido, en la denuncia presentada se hace referencia a otra queja planteada ante el Defensor del Pueblo por el pretendido uso del 'fracking' en la provincia de Soria, en que ha existido igualmente un retraso indebido en la entrega de la información solicitada, así como a una queja planteada ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en relación al mismo permiso 'Luena', en cuyo trámite el Ministerio de Industria no informó a las instituciones europeas de que se encontraba previsto el uso del 'fracking' en una de sus fases.
