ETA ha anunciado este miércoles por carta que "disuelve sus estructuras" y este viernes ratificará su desaparición definitiva previsiblemente a través de un vídeo que quedará enmarcado en una conferencia internacional en la localidad vascofrancesa de Cambo-les-Bains. Pero el camino para llegar a este acto, que supondrá el cierre a la trágica historia de la organización terrorista, ha sido largo y complicado. Tras un año de debate interno de sus militantes, los miembros de la banda han tomado una decisión: es el final y no habrá vuelta atrás.

Durante el proceso de demolición de ETA han aflorado en los últimos años dos grandes sectores: uno, mayoritario en España, al que se han sumado PP, PSOE y Ciudadanos, con el aval de las asociaciones de víctimas, reclama que lo prioritario es recalcar la "derrota" policial, política y social de la banda, y exige que su despedida vaya acompañada de arrepentimiento, solicitud de perdón a todas las víctimas y colaboración con la justicia. Desde Euskadi, el PNV, con el apoyo de Podemos y PSE, además de exigir un final irreversible, intenta también que la fórmula elegida permita cuanto antes una convivencia normalizada en el País Vasco. En este contexto hay que entender la presencia del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en la conferencia de Cambo-les-Bains, aunque ha advertido que solo acudirá si se garantiza que no será un acto de "blanqueamiento" de la trayectoria criminal de los terroristas.

Debate interno

Durante los 12 meses que se ha prolongado el debate interno, uno de los puntos más delicados ha sido lograr la mayor unanimidad en torno a la inactividad total de la sigla. Hace unos años tomó cuerpo un sector crítico muy minoritario en torno al colectivo ATA, que llegó a convocar manifestaciones disidentes y que incluso ha tachado a los dirigentes de la izquierda aberzales de "traidores" por haber abandonado a los presos de ETA a su suerte.

Sin embargo, y pese a que se ha sabido que durante las discusiones algún sector ha defendido la conveniencia de dejar la sigla "congelada" en la clandestinidad, e incluso ocultar parte del armamento, finalmente estas posiciones han sido claramente derrotadas. El encarcelamiento de la inmensa mayoría de la militancia ha obstaculizado el debate, que finalmente ha culminado con una alta participación de los reclusos, a la que se han sumado en la fase final otras aportaciones. La decisión tomada implica a toda la militancia, sin fisuras.

Tampoco se conocen aún las repercusiones que tendrá la materialización del fin de ETA en la política penitenciaria. De los 278 presos que conforman el colectivo EPPK (Euskal Preso Politikoen Kolektiboa), 225 cumplen condena en el España mientras otros 52 lo hacen en el Francia y uno en Portugal. La reciente petición de perdón de la banda a parte de las víctimas hay que entenderla dentro la estrategia de lograr que su disolución permita la mejora de las condiciones penitenciarias de los reclusos, que ya no estarían bajo el paraguas de una organización terrorista.

El papel de las víctimas

Ante el acto del viernes, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) han considerado inaceptable que ETA divida a las víctimas entre culpables e inocentes y pida perdón solo a aquellas que "no tenían una participación directa en el conflicto". Y sobre todo, exigen el esclarecimiento de los 358 atentados no resueltos.

Así, la presidenta de Covite, Consuelo Ordoñez, ha reclamado al Gobierno español que impida "el teatro" y "la propaganda" en la disolución de la banda, y ha exigido a Madrid que no transfiera a Euskadi competencias en materia penitenciaria. Estas demandas han encontrado el apoyo de South East Fermanagh Foundation (SEEF), entidad norirlandesa que agrupa a víctimas del IRA.