El Defensor del Pueblo apoya la futura Ley de Segunda Oportunidad que permitirá reestructurar la deuda de las familias y las pymes y recomienda este procedimiento de insolvencia dirigido a particulares y consumidores con "buena fe y sobreendeudados".

"Lograr la flexibilización de las condiciones de los aplazamientos y fraccionamientos de pago de la deuda tributaria, disminuyendo el importe de las cuotas y aumentando el plazo, ha sido uno de los objetivos de esta institución en los últimos años", asegura el informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2014 y difundido hoy.

En este documento la defensora del pueblo, Soledad Becerril, valora que finalmente el Gobierno vaya a dictar instrucciones para flexibilizar las condiciones en algunos casos.

El informe insiste además en la necesidad de restablecer la deducción por inversión en vivienda habitual cuando se realizan obras para adecuar la vivienda por razones de discapacidad, con el fin de proteger a este colectivo.

Dentro de un capítulo dedicado a la reforma fiscal este organismo añade que en 2014 se produjo un aumento de quejas de carácter tributario, sobre todo por el IRPF, cuya regulación "sigue siendo compleja".

El Defensor del Pueblo también señala que la actualización del límite de 8.000 euros anuales fijado como requisito cuantitativo para la aplicación del mínimo por ascendiente ha sido objeto de varias recomendaciones que han sido rechazadas.

En este punto, el Defensor del Pueblo considera que no se ha tenido en cuenta que las pensiones mínimas han experimentado solo un leve incremento que no permite la independencia económica de los ascendientes que conviven con el contribuyente.

Por otra parte, el informe, de más de 600 páginas, aboga por una deducción de los gastos que ocasiona la contratación del servicio doméstico sobre todo por cuidado de hijos menores y personas mayores, "con el fin de mejorar el tratamiento fiscal de la familia e incentivar el número de contratos de empleados de hogar".

Asimismo también apoyan otra deducción por el coste que implica la permanencia en una residencia geriátrica.

En relación con el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), el informe explica que han sido "numerosas" las quejas que han aludido a una base imponible "que no recoge su valor en el mercado".

Estas situaciones resultan más difíciles para quienes ven limitada su renta disponible, como los desempleados o pensionistas, que afrontan pagos que pueden superar un tercio de su renta anual. "En algunos casos, el impuesto es superior a la pensión anual del contribuyente", asevera el informe.

Recuerda que la Secretaría de Estado de Hacienda y Administraciones Públicas mantiene que es preciso esperar a la modificación de la Ley de Haciendas Locales para incluir nuevas exenciones o bonificaciones, ya que el Estado tiene que compensar a los ayuntamientos por estos ingresos, por lo que considera que su introducción se debe realizar en el nuevo modelo de financiación local.