Tres policías municipales de Madrid declararán este lunes ante el Juzgado de Instrucción número 42 por las supuestas amenazas vertidas contra un delegado de CCOO en el polémico chat donde un pequeño grupo de agentes insultó, entre otros, a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Tal y como han confirmado fuentes jurídicas, el magistrado titular del citado juzgado, Juan José Escalonilla, tomará declaración a los tres agentes en calidad de denunciados a partir de las 13.00 horas en los Juzgados de Plaza de Castilla.

Tras escucharlos, puede tomar la decisión de si los hechos son constitutivos de delito y si procede acordar medidas cautelares, como la orden de protección solicitada por el delegado sindical. El juez también estudia la personación del Ayuntamiento de Madrid y CCOO en la causa, aunque todavía no ha recibido la petición del sindicato.

EL CHAT SIGUE ACTIVO

El chat, que aún sigue activo según CCOO, fue creado hace dos años para tratar el asunto del turno de noche del Cuerpo y lo componían unas 150 personas, cifra que ha quedado reducida hasta apenas 24. Todo comenzó tras los atentados en Cataluña de este mes de agosto, cuando un grupo de cinco o seis agentes comenzaron a ofender a Carmena por su posición sobre el conflicto catalán.

Fue un delegado sindical de CCOO, integrante de ese chat, el que les reprochó allí sus comportamientos. A partir de ese momento comenzó a recibir insultos y amenazas continuadas y fue expulsado de la conversación. Por todo ello, decidió interponer una denuncia ante el Juzgado de Guardia.

DELITO DE AMENAZAS, NO DE ODIO

Ahora, el juez analizará los argumentos de defensa de los agentes, denunciados por un delito de amenazas pero no por uno de odio, según aclararon fuentes judiciales. La razón es que ningún particular u organismo ha formulado querella al respecto, por lo que no existe ningún procedimiento abierto por delito de odio. La Fiscalía tampoco ha actuado de oficio.

El Consistorio madrileño retiró el 22 de noviembre el arma y la credencial a tres agentes, previsiblemente los mismos que serán interrogados este lunes en el Juzgado, y se les impidió la entrada a dependencias policiales. Además, se les ha impedido el acceso a los archivos informáticos y a cualquier base de datos de la Policía.