El 'vigilante de la Cruz de los Caídos' pasea arriba y abajo por la plaza de España de Callosa de Segura (Alicante), con un ojo en el monumento que hay en la puerta de la iglesia y otro en las calles cercanas por las que puede aparecer la grúa para desmontarla. "Tienen que pasar por encima de muchas cabezas para llevársela", masculla en su ir y venir. ¿Su nombre? Se niega a darlo pero enseña una pulsera con una bandera española como si fuera el libro de familia. Es una muestra de cómo este pueblo se ha convertido en el escenario de la última batalla de la ley de memoria histórica del 2007.

La decisión del gobierno municipal del PSPV-PSOE, IU y Somos Callosa (Podemos) de retirar la cruz en cumplimiento de esa ley se ha topado con una activa oposición. Agrupados en una plataforma, que se define católica pero apolítica, defienden que haber retirado las placas con una explícita exaltación falangista basta para quitarle al monumento la simbología política de apoyo al régimen dictatorial de Franco que ha tenido durante 70 años. Hace unos días, un centenar de personas acudieron a una manifestación de la Falange para pedir la permanencia de la cruz. Lo hicieron con banderas franquistas, cantando el 'Cara al Sol' con el brazo en alto y jaleando al grito de "presente" la lectura de los 81 nombres de la placa que permanece en el monumento.

La plataforma se desmarcó de la marcha, pero algunos de sus miembros participaron y tomaron la palabra. Esa placa es la única que queda porque, en septiembre, el párroco de la iglesia a cuyas puertas está la cruz retiró la que rezaba 'José Antonio Primo de Rivera. Presente' y la que dedicaba el monumento 'A los héroes falangistas de Callosa de Segura 1936-1957'. En el escrito que presentó admitió que se trataban de "objetos de exaltación colectiva de la guerra civil prohibidos" pero remarcó que la cruz, "como un elemento de fe", no lo es.

OCHO AÑOS DE OLVIDO

En los ocho años desde la aprobación de la ley, ni el párroco ni el anterior gobierno municipal del PP hicieron nada por quitar esas placas, pero los problemas empezaron en marzo del 2016, cuando el pleno pidió un informe técnico que avaló la retirada de la cruz y propuso dos opciones: llevarla sin las placas al cementerio o con ellas a un museo para incluir un panel explicativo. El PP presentó entonces un recurso contencioso-administrativo cuya vista será en noviembre, pero el juez denegó medidas cautelares, por lo que el ayuntamiento tiene vía libre para retirarlo.

"Tenemos claro que vamos a seguir nuestro camino, aunque es un problema porque es muy fácil poner en la plaza a personas mayores para que los operarios no puedan pasar", lamenta el alcalde, el socialista Fran Maciá, que cuenta que ha ofrecido poner una cruz del municipio del siglo XVIII en el mismo lugar. Además, apunta que no va a "admitir el viejo truco de que nos responsabilicen de crear una fractura social por cumplir la ley los que la quieren incumplir", y advierte de que partidos como Falange o Fuerza Nueva han designado esa cruz "como un punto de resistencia nacional".

UN RECUERDO "PRIVADO"

Toni Illán, portavoz de la plataforma, cree que la oferta de poner allí otra cruz es "una trampa" y subraya que tras la retirada de las placas "la ley se cumple a rajatabla" porque se trata de un recuerdo "privado" impulsado por dos familias. "Los nombres que hay ahí son de víctimas, vecinos del pueblo asesinados", aduce. Además, rechaza el componente político. "Es donde nos hacemos las fotos en la comunión o el Domingo de Ramos. Ni nos fijábamos en las placas", explica antes de pedir que se espere a la resolución judicial. Si la retirada se produce antes, se opondrán de nuevo: "Vamos a estar aquí pacíficamente. Cuando la autoridad nos diga que nos tenemos que retirar, nos retiraremos".

Para el socialista Matías Alonso, coordinador de Grupo de Recuperación de la Memoria Histórica, "se está intentando manipular el carácter del monumento para burlar la ley con subterfugios". "Fue promovido e inaugurado por la Falange y entre los nombres que recoge están los de muchos que formaron el comando que intentó entrar en Alicante al estallar la guerra para liberar a José Antonio", explica. "Defienden el monumento los que lo impulsaron, los falangistas, los franquistas y los nacional-católicos", sentencia.