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La lacra de la corrupción

Crespo y ‘el Bigotes’ negocian con la fiscalía tirar de la manta

Ambos acusados deciden cambiar su estrategia tras la confesión de Correa. Los números 2 y 3 de la ‘Gürtel’ prometen destapar la financiación ilegal del PP valenciano

 

Cristina Ibáñez, exgerente del PPCV, el exsecretario general Ricardo Costa, el exvicepresidente Vicente Rambla y Cándido Herrero (Orange Market), ayer. - EFE / FERNANDO ALVARADO

ÁNGELES VÁZQUEZ
18/01/2018

El tiempo que llevan en prisión por el caso Fitur y cómo transcurrió el juicio por la primera época de la Gürtel han hecho mella en el número dos de la trama, Pablo Crespo, y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, el Bigotes. Tras escuchar las declaraciones realizadas el martes en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano por el que fue su jefe, Francisco Correa, ambos se comprometieron ayer a aportar «datos y hechos» relevantes en la causa, en la que los nueve empresarios acusados por Anticorrupción admitieron ya en febrero haber financiado irregularmente al partido mediante el pago de servicios que la trama corrupta le había prestado en las campañas electorales del 2007 y el 2008.

Crespo iba a ser el siguiente acusado en declarar ante el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia. Pero la vista no comenzaba, porque su abogado, Miguel Durán, y el del Bigotes, José Javier Vasallo, estaban reunidos con la fiscal anticorrupción Myriam Segura, el abogado del Estado Edmundo Bal y la acusación que ejercen los socialistas valencianos. Al término del encuentro, que duró casi dos horas, ambos letrados pidieron al magistrado que suspendiera la vista oral hasta el viernes para poder entrevistarse en prisión con sus clientes y así concretar su estrategia de defensa.

Antes de pronunciarse en relación con el aplazamiento, el magistrado quiso dejar las cosas claras. «¿Debo entender que su cliente aportaría hechos relevantes, a la luz de lo que declaró Correa?», le preguntó a Durán. Este respondió: «Es lo que trataba de decir con menos fortuna de la precisión que usted ha marcado».

ESCLARECER LOS HECHOS 

Tras consultar a todas las partes y comprobar su conformidad con la suspensión, si el juicio se reanudaba el viernes, el juez decidió aplicar el artículo 746 de la ley de enjuiciamiento criminal, que prevé suspender una vista oral, entre otras razones, «cuando el tribunal tuviere que resolver durante los debates alguna cuestión incidental que por cualquier causa fundada no pueda decidirse en el acto». El magistrado que dictará la sentencia de la financiación ilegal del PPCV añadió que accedía a la petición de la defensa «para un mejor esclarecimiento de los hechos».

Fuentes jurídicas señalaron a este diario que la obsesión de Crespo y Pérez es «tener la seguridad de cuánto van a cumplir de prisión; de cuándo podrán abandonarla». Ellos dos y Correa fueron condenados a penas de entre 12 y 13 años por el caso Fitur en Valencia y ya están cumpliendo condena. A la vista de lo declarado por quien fue su jefe, que llegó incluso a identificar al exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, aunque no estaba previsto que diera nombres, tanto Crespo como Pérez dieron muestras de desaliento, al temer que sumarán una nueva condena por esta otra pieza del caso Gürtel.

De ahí que ayer quisieran plantear a las acusaciones, a través de sus defensas, la posibilidad de reconocer los hechos que se les imputan, como había hecho Correa al confesar que el PP les había pedido que facturaran a empresarios si querían cobrar los servicios que habían realizado al partido durante las campañas electorales municipales y autonómicas del 2007 y las generales del 2008. El acuerdo pasa también por que Crespo contribuya con su patrimonio a reparar el daño causado, una opción que no puede esgrimir Álvaro Pérez, ya que ha sido declarado insolvente.

PENAS SEGÚN LA COLABORACIÓN 

Habrá que ver hasta dónde llegan los «datos relevantes» que aportan para saber con qué rebaja de petición de pena cuentan. Mientras los empresarios que admitieron la financiación ilegal del PP saben que su condena no supondrá en ningún caso su encarcelamiento, la fiscal anunció que dará a conocer si rebaja los 22 años de cárcel que pide para Correa, en función de su colaboración, en sus conclusiones definitivas. Eso será al final del juicio, que está previsto que dure hasta abril.

Correa identificó a Ricardo Costa como la persona que le dijo a Crespo que debían facturar a determinados empresarios si querían cobrar los servicios que habían prestado al partido. Una declaración que complica mucho el panorama judicial del que fue secretario general del PP valenciano y que puede hacer que otros acusados intenten también pactar para reducir su pena.

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