La exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez, condenada hoy a nueve años de cárcel por las irregularidades en la contratación con la trama Gürtel del expositor de la Generalitat en la feria Fitur, será el segundo miembro del Gobierno de Francisco Camps en ir a prisión, tras Rafael Blasco.

Milagrosa Martínez Navarro, nacida en Córdoba hace 58 años, fue elegida en septiembre de 2004 por el entonces president de la Generalitat, Francisco Camps, cuando era alcaldesa de Novelda (Alicante), para ocuparse de la Conselleria de Turismo, responsabilidad que ocupó hasta junio de 2007.

Como consellera de Turismo, Martínez fue también entre 2004 y 2007 presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo, la entidad pública que se encargó de las contrataciones para el expositor de la Generalitat en la feria Fitur entre 2005 y 2009, y por cuyas irregularidades ha sido condenada hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

La sentencia concluye que la Conselleria de Turismo alteró entre los años 2005 y 2009 los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del grupo Correa, a las que facilitó información privilegiada.

De la Conselleria, Milagrosa Martínez pasó a presidir Les Corts Valencianes, de 2007 a 2011, cuando tras las elecciones autonómicas fue sustituida por Juan Cotino, pero se mantuvo como diputada del PP hasta el 21 de marzo de 2014, fecha en que renunció al escaño a falta de siete días para que comenzara el juicio oral por esta pieza de Gürtel, inicio que finalmente se aplazó hasta marzo de 2015.

No obstante, permaneció al frente de la alcaldía de Novelda, a la que accedió tras las elecciones municipales de 2011, hasta los comicios de mayo de 2015.

El PPCV la expulsó del partido el 30 de marzo de 2015, un día antes de la nueva fecha de inicio del juicio oral en el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Milagrosa Martínez coincidió en su etapa como consellera en las reuniones del Ejecutivo valenciano con Rafael Blasco, aunque por entonces este todavía no se ocupaba de la cartera por la que ha sido condenado y ha entrado en prisión (la de Solidaridad), sino que llevaba primero Territorio y posteriormente Sanidad.

Blasco ingresó el 15 de junio de 2015 en la prisión elegida por él, la de Picassent, la única de la provincia de Valencia, para cumplir la condena por el desvío de fondos públicos dirigidos a cooperación internacional en Nicaragua, dentro del llamado caso Cooperación o caso Blasco.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana condenó a Blasco en mayo de 2014 a ocho años de prisión y veinte de inhabilitación por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad.

Sin embargo, el 10 de junio de 2015 Tribunal Supremo rebajó la condena inicial en año y medio, al entender que no existió delito continuado, aunque mantuvo la pena de veinte años de inhabilitación para cargo público.