El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite esta tarde el recurso que el Gobierno central ha presentado en contra de la reforma del reglamento del Parlament de Catalunya que permitiría la desconexión exprés. La mera admisión a trámite supone la paralización automática de la norma y su suspensión durante como mínimo cinco meses, que son prorrogables. Es de prever que el Constitucional estudie en ese tiempo la impugnación y emita una resolución.

En una reunión de menos de una hora, los jueces han decidido admitir el recurso del Gabinete de Mariano Rajoy en contra de las modificaciones a las normas que rigen el funcionamiento de la Cámara Catalana y que hacían posible la aprobación exprés de las llamadas 'leyes de desconexión'.

AVISO DE RESPONSABILIDAD PENAL

El Gobierno del PP pidió en el texto de la impugnación que se notificara la suspensión de la modificación del reglamento a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y al resto de miembros de la Mesa; al secretario general del Parlament, Xavier Muro, y al letrado mayor de la Cámara catalana, Antoni Bayona. Y, además, el Ejecutivo reclamó al Constitucional que se ordenara a Forcadell, a Muro y a Bayona que informaran de la resolución a sus subordinados, "en particular a la persona titular del Departamento de Ediciones". Y a todos ellos, subrayó el Gobierno en la impugnación, el Constitucional debe advertirles de que deben impedir o paralizar "cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada" si no quieren hacer frente a las "eventuales responsabilidades, incluida la penal".

Además, esta mañana el PPC y Ciudadanos han presentado un recurso de amparo también ante el Constitucional contra esta reforma, aunque esta impugnación no se estudia con tanta urgencia como la que presenta el Ejecutivo. En opinión de estos dos partidos, los independentistas intentan hacer "trampa", cambiar las reglas del juego y "amordazar" a la oposición.