El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este viernes un acuerdo conjunto de los ministerios de Fomento y de Hacienda por el que se autoriza la privatización y salida a bolsa del gestor aeroportuario AENA. De esta manera, el Gobierno avanza en el proceso para dar entrada a capital privado en la empresa que gestiona la mayoría de los aeropuertos españoles, después de que se aplazara el proceso a finales del pasado mes de octubre. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informará de lo acordado por el Gobierno en una rueda de prensa que se podrá seguir en directo desde la web de EL PERIÓDICO.

Del 49% del capital que se va a privatizar, un 28% saldrá a bolsa y un 21% se reparte entre un núcleo estable de accionistas, conformado por Corporación Financiera Alba, Faerco (Ferrovial) y el fondo TCI (The Children's Investment Fund). Según el calendario del comité que se encarga del proceso, el objetivo es que en la segunda semana de febrero culmine el mismo.

PROTESTA DE LOS TRABAJADORES

La medida del Gobierno viene precedida por las críticas del comité de empresa de AENA, formado por los sindicatos CGT, CCOO, USO, UGT y CSPA. Sus trabajadores se concentrarán a las 12.00 horas ante el Congreso de los Diputados para denunciar "las intenciones del Gobierno de expoliar el patrimonio público y regalar una marca con reconocimiento y prestigio como Aena al capital privado".

"Los aeropuertos son de todos, no solo de unos pocos. Esa es la razón por la que la privatización no convence a nadie, solo a quienes se van a lucrar con ella", ha advertido el comité, que defiende que "la gestión totalmente pública y en red de los aeropuertos es la única garantía para la cohesión social, territorial y el desarrollo económico de los entornos aeroportuarios".

VOLUNTARIADO Y TERCER SECTOR

No es este el único tema que abordará el Consejo de Ministros. El Gobierno también aprobará los anteproyectos de ley del voluntariado y el tercer sector. La norma del voluntariado es una "actualización" de la vigente, que "ya tiene 20 años" y la del tercer sector "viene a cubrir un vacío porque no existía legislación al respecto", según ha avanzado Sanidad.