Los exconsejeros catalanes Josep Rull y Jordi Turull, encarcelados por rebelión y sedición desde el 2 de noviembre, exponen en un recurso presentado en la sala penal de la Audiencia Nacional contra la admisión de la querella contra ellos que nunca han hecho llamamientos a la desobediencia o han instigado y organizados «tumultos». Su abogado, Jordi Pina, sostiene que no supone un alzamiento público y violento (requisitos para la rebelión) la realización de «movilizaciones de protesta pacíficas por parte de ciudadanos que solo han pretendido expresar sus opiniones políticas», lo que resulta «legítimo en un Estado democrático».
La jueza Carmen Lamela, que intruye la causa contra Carles Puigdemont y su Gobierno, confirmó tanto la admisión de la querella de la fiscalía como el encarcelamiento de los exconsejeros. Ahora, Rull y Turull han presentado recurso ante una instancia superior: la sala penal de la Audiencia Nacional. Ambos niegan la comisión de los delitos de rebelión y sedición y también el de malversación de fondos públicos. En este sentido, exponen que no tenían capacidad de decisión respecto a las actividades que, según la fiscalía, han motivado un gasto público.
Los recursos detallan que los episodios aislados de inicidentes que cita la fiscalía en la querella, como los escraches ante hoteles donde residían guardias civiles o policías nacionales, no pueden tener cabida en el tipo penal de la violencia, pues no consta que ninguna persona fuera golpeada o maltratada.
Por otra parte, la jueza Lamela confirmó la orden europea de detención contra los exconsejeros Meritxell Serret y Antoni Comín, quienes permanecen en Bélgica con el expresidente Carles Puigdemont. En su auto argumenta que los exmiembros del Gobierno catalán se les persigue no por defender sus ideas, sino por participar «decisivamente» en la celebración de un referéndum para la escisión de Cataluña.
