La Comisión del Estatuto del Diputado dictaminó ayer que las actividades privadas del diputado del PP Agustín Conde como abogado y como propietario y administrador único de la empresa Eco-Witt eran compatibles con su actividad como parlamentario, aunque no las declarara en su momento a la Cámara. En su reunión de ayer, la Comisión rechazó también abrir una investigación por las actividades privadas de Conde y de su compañero de partido Vicente Martínez Pujalte, tal y como había pedido el PSOE e IU, al entender que no es competente para ello.

Según informaron a Efe fuentes parlamentarias, la Comisión ha recibido un informe jurídico remitido por la Mesa del Congreso que establece que, según el Reglamento de la Cámara, no es competente para abrir una investigación sobre la legalidad o no de esas actividades. No obstante, la Comisión sí ha emitido un dictamen, rechazado por la oposición, que declara que Conde debía haber comunicado al Congreso sus actividades privadas aunque considera que, de haberlo hecho, habrían sido compatibles.

En el caso de Pujalte, la Comisión le ha concedido un plazo de 15 días para que presente las alegaciones o informes que considere oportuno para justificar sus trabajos extraparlamentarios y después volverá a reunirse para estudiar si se ajustaron al Reglamento. A la salida de la Comisión, su presidente, el diputado del PP Aurelio Romero, declinó hacer declaraciones, recordando que los trabajos de este órgano son secretos tal y como establece el Reglamento de la Cámara.

Por su parte, el diputado del PSOE Gabriel Echávarri lamentó que se haya vetado la posibilidad de investigar si Conde estaba haciendo un mal uso de la compatibilidad. Su partido votó a favor de las solicitudes de compatibilidad presentadas por otros diputados analizadas ayer, pero en contra del escrito del propio Conde que, por cierto, está actualmente en situación de activo como reservista voluntario en las Fuerzas Armadas.

Echávarri recordó además que en el caso de Agustín Conde "llueve sobre mojado" ya que, según explicó, cuando era alcalde de Toledo también fue sancionado por la Agencia Tributaria por ejercer la abogacía mientras presidía el consistorio.

CORTAR LAS ALAS También criticó que no se abra una investigación el diputado de IU Ricardo Sixto, quien acusó a Conde de ocultar de forma deliberada su participación en una empresa de la que fue administrador único. Asimismo, mostró su oposición a que la Comisión, con el voto del PP, haya declarado compatible esa actividad, en el caso de que se hubiera comunicado a la Cámara. "Se nos cortan las alas para investigar", denunció.

Según los partidos de la oposición, los diputados Pujalte y Conde podrían haber vulnerado con sus actividades económicas la prohibición expresa a los diputados para "invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional".

En este sentido, Martínez Pujalte admitió que cobró 75.000 euros en poco más de un año (2008-2009), a través de su despacho de asesoría, de la constructora Grupo Collosa. En cuanto a Conde, la oposición cree que podría haber vulnerado la prohibición expresa de la Ley Electoral de prestar servicios a entidades de crédito o aseguradoras, con su actividad de asesoría al Banco de Santander, que no declaró a la Cámara.

De forma paralela a estos dos casos que afectan a diputados del PP, el propio grupo popular ha presentado un escrito ante la misma comisión para conocer si el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, solicitó a su vez la compatibilidad para asesorar al Partido Revolucionario Democrático de Panamá. Un escrito que no se analizó en la reunión de ayer de la Comisión del Estatuto del Diputado.