CCOO y UGT han presentado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) un informe en el que se detallan los incumplimientos del Gobierno español de la Carta Social Europea (CSE), especialmente tras la aprobación de la reforma laboral y con los "ataques" al derecho a huelga.

En un comunicado, los sindicatos recuerdan que las decisiones del CDES son vinculantes para los gobiernos, y explican que han contado con el apoyo de destacados juristas en la elaboración del informe.

Entre otras cosas, destacan que la reforma laboral "no respeta el artículo 2 de la CSE, que recoge el derecho a unas condiciones de trabajo equitativas, al atribuir al empresario la capacidad de distribuir la jornada laboral de forma irregular, de no existir regulación en el convenio o acuerdo colectivo".

El informe sindical se refiere a continuación al artículo 4 de la CSE, sobre el derecho a una remuneración equitativa, que el Salario Mínimo Interprofesional (645,30 euros mensuales) incumple, a su juicio.

También denuncia las "violaciones" del derecho a la negociación colectiva, en concreto del artículo 6.2 de la CSE, por la derogación por norma de un acuerdo pactado de ámbito estatal por las organizaciones sindicales y empresariales para determinar las condiciones de trabajo.

De la misma manera, advierten UGT y CCOO, la reforma laboral vulnera el artículo 6.2 de la CSE al imponer la primacía del convenio colectivo de empresa frente a los convenios colectivos de ámbito superior, prohibiendo además a las organizaciones sindicales y empresariales que puedan alterar esa norma.

En el informe se hace referencia igualmente a la violación de la CSE al imponer la reforma laboral un arbitraje obligatorio por la inaplicación de condiciones fijadas en convenio colectivo.

Esta medida viola, igualmente, el derecho de huelga, protegido por el artículo 6.4 de la CSE, en la medida que dicho arbitraje obligatorio impide la efectividad de aquel derecho al fijar condiciones de trabajo sin garantía ni participación sindical.

UGT y CCOO denuncian, por otro lado, las dificultades para el ejercicio de la libertad sindical en las Administraciones Públicas, en donde se observa un creciente deterioro y devaluación de la negociación colectiva.